Madrid  27 JUL 2022 - 08:13 CEST

Desde hace unos días, la polémica sobrevuela sobre la gestión y las cuentas del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El pasado mes de abril el Consello de la Avogacía Galega le remitió una carta firmada por los siete decanos y decanas de los colegios de Galicia en la que solicitaban al pleno del CGAE una serie de medidas de contención del gasto relacionadas, entre otras cosas, con el funcionamiento de comisiones y subcomisiones, dietas y viajes y la contratación del servicio de correo electrónico que la institución ofrece a los colegiados. Este martes se conocía, además, que el CGAE pone a disposición de su presidenta el piso en el que vive en Madrid.

Victoria Ortega, la máxima responsable de la Abogacía Española, concede su primera entrevista a un medio de comunicación tras las informaciones publicadas por El Confidencial. En ella se muestra sorprendida y preocupada ante las mismas y da su opinión en torno a la polémica surgida: "Me temo que quien esté detrás de lo publicado persiga otra finalidad que la afirmada de transparencia".

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¿Cómo está viviendo las informaciones publicadas sobre los gastos y la gestión financiera del Consejo General de la Abogacía Española que preside (CGAE)?

Sorprendida, la verdad. Y con cierta preocupación porque considero que se desenfoca la situación financiera del Consejo General. El estado de cuentas es de absoluta solvencia con un margen de reservas adecuado. Nuestro objetivo ha sido siempre el equilibrio presupuestario. Gracias a esa situación saneada pudimos afrontar, con cargo a reservas, un gasto extraordinario de más de un millón de euros tanto para material sanitario destinado a todos los colegios de la abogacía de España, como para el Plan de Recursos Digitales con la finalidad de facilitar a los compañeros el ejercicio de su actividad con los medios tecnológicos más adecuados. Como le digo, las cuentas no están en cuestión y son las que hacen posible, por ponerle algunos ejemplos, que el consejo sostenga el servicio de firma electrónica certificada ACA a más de 125.000 compañeros y compañeras, el correo electrónico y el office a más de 70.000 colegiados o el nuevo sistema integral de gestión de los Colegios (SIGA).

¿Está siguiendo las redes sociales? ¿Le preocupa el impacto que puedan tener los comentarios de algunos usuarios en la imagen del Consejo?

Me preocupa, lógicamente, cualquier mensaje que ofrece una imagen distorsionada de la realidad. Dadas las circunstancias, me temo que quien esté detrás de lo publicado persiga otra finalidad que la afirmada de transparencia, como pueda ser el cuestionamiento mismo de las instituciones, en nuestro caso de los colegios y consejos de la abogacía. Esta sí es mi mayor preocupación. No parece razonable poner en cuestión sin argumentos el trabajo de colegios profesionales que atesoran siglos de historia de servicio a la sociedad.

¿Qué tiene que decir en relación con las informaciones relativas a la vivienda que el CGAE pone a su disposición?

Hace más de 20 años, el consejo se planteó cuál era la fórmula más adecuada para proporcionar alojamiento a los cargos que siendo de fuera de Madrid dedican un importante número de días a sus obligaciones institucionales en la sede nacional en detrimento de la dedicación a sus propios despachos. Tanto desde el punto de vista funcional como económico se convino en que resultaba más barato y útil alquilar un apartamento cercano a la sede del consejo. Durante todo este tiempo, la institución se ha ahorrado miles de euros en el pago de habitaciones de hotel, pues se consiguió un alquiler en la banda baja de los precios del mercado. Cabría preguntarse si los colegios y el Consejo deben hacerse cargo de este gasto, así como de las dietas, pero no olvidemos que el Consejo es un ente de pluralidad territorial. Mantener que no se cubran estos gastos sería tanto como presuponer que solo pudieran pertenecer al consejo personas de las élites económicas y residentes en Madrid.

¿Cuál es el estado de ánimo de los decanos y del resto de los miembros del pleno del consejo?

Lógicamente, sorprendidos. Pero en todo caso con la misma ilusión, quizá mayor, de seguir trabajando en el desarrollo de todos los proyectos que tenemos encima de la mesa en este momento.

El Consello de la Avogacía Galega ha solicitado al pleno medidas de contención del gasto relacionadas con las comisiones y eventos que realiza el CGAE. ¿Cree que el número de comisiones y, sobre todo, de subcomisiones actuales y de grupos de trabajo responde realmente a los intereses de la profesión? ¿Van a acceder a esta petición?

Lo que creo es que se ha distorsionado el objetivo de esa carta que se remitió al pleno el pasado mes de abril. Esta Presidencia ya había iniciado meses atrás el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas a largo plazo ante el incremento de la actividad de la institución, de la que son muestra todos los proyectos del plan estratégico Horizonte 2020-24. A esa demanda de propuestas obedecía esa carta del Consello. Todos los miembros del GGAE han estado, estamos y estaremos comprometidos con la solvencia de las cuentas. Por lo que se refiere a las comisiones y subcomisiones, estas se adecúan a las necesidades de cada momento. Es un debate abierto, pero es la propia actividad del Consejo la que genera la necesidad de crear grupos especializados. Un ejemplo de ese dinamismo es también la reciente creación del grupo de discapacidad y de menores. La última que se ha creado es la subcomisión de mercantil, lo que obedece a la inminente aprobación de la nueva ley que afecta a todo el área concursal y de segunda oportunidad.

¿Qué controles existen sobre la celebración de las mismas: idoneidad, funcionamiento y resultados? ¿Y de los eventos?

El control del que habla es inherente al propio funcionamiento del Consejo. Todos las comisiones y subcomisiones dan cuenta de su actividad en todos los plenos. El programa de trabajo de comisiones, por ejemplo, el pasado pleno del día 15, hizo posible que se aprobasen un importante número de acuerdos y decisiones. Tiene disponible las 43 páginas de un acta con 24 ejecuciones de acuerdos. Trabajo, trabajo y trabajo, como cualquier abogado en su despacho. A modo de muestra, puede consultar el programa de trabajo de 10 puntos presentado en pleno para mejorar la asistencia jurídica gratuita. Podría hablarle del nuevo Registro General de la Abogacía, incluyendo las sociedades profesionales, para luchar contra el intrusismo, como proyecto que forma parte de la mejora progresiva y constante de nuestras funciones regulatorias, aprobado en el pleno de julio y ya en implantación, o de nuestra apuesta decidida por regular los nuevos modelos de negocio, que han sido objeto de un programa de trabajo que verá resultados tangibles en el año. Estamos cubriendo en 2022 la tramitación telemática de tributación autonómica para todos los abogados de España con convenios con comunidades autónomas. El último firmado con Madrid. No me extiendo más, pero podría seguir y seguir.

¿Se plantean reducir el número de miembros, como les han solicitado, o celebrarlas de forma telemática?

El Consejo se abre cada vez más a la participación de abogados que no son consejeros. Quienes participan las enriquecen y mejoran. Algunos acuden presencialmente y otros lo hacen de forma telemática. En todo caso, estamos ante un debate abierto que, como digo, llevamos algún tiempo realizando en el seno del Consejo y que se sustanciará en el presupuesto de 2023.

En relación con la financiación del CGAE, ¿cree que el actual sistema es realmente transparente?

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el único organismo oficial con capacidad para evaluar el cumplimiento de la ley, ha considerado, por lo que se refiere a la información económica que proporciona del Consejo General de la Abogacía a través de su portal de transparencia, que el nivel de cumplimiento supera el 96 %. Claro está que esperamos conseguir el 100 % en la próxima evaluación. Antes de que la Ley de Transparencia estuviera en vigor, el Consejo de la Abogacía colaboró con algunas asociaciones relacionadas con estas cuestiones, pero una vez que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comenzó a operar, optamos por desvincularnos de este tipo de entidades, finalizando el último convenio en diciembre de 2016, y ceñirnos a las recomendaciones del único organismo oficial que tiene atribuida esta función.

¿Cómo se presupuestan los gastos por dietas y viajes de los miembros del CGAE y a qué se aplicaron durante el primer año de pandemia (2020), en el que apenas sufrieron merma?

La actividad del Consejo en el año 2020 fue excepcional. La producción normativa, con las leyes de eficiencia, alcanzó tal dinamismo que no había tiempo suficiente para estudiar la nueva legislación y mantener a todos los compañeros al día. A ello había que sumar las medidas que debíamos adoptar en cuestión de horas en función de las decisiones que tomaban las autoridades siguiendo la evolución de la pandemia, la atención a las necesidades especiales del turno de oficio, la implantación de las actuaciones judiciales telemáticas y las consecuencias de la paralización de la actividad judicial. El gasto en dietas fue ese año el mismo que los anteriores. Por cierto, el importe de las dietas hoy en día es el mismo que era en el año 2002. Le añado el dato de que durante estos últimos 20 años el IPC ha crecido más del 50 %.

¿Cómo se gestionó el contrato de correo electrónico que el CGAE puso a disposición de los diferentes colegios? En otras palabras, ¿se hizo algún estudio previo? ¿Por qué decidieron contratarlo con Telefónica y Microsoft para, más adelante, realizar otro contrato con Arsys?

Desde hace más de 20 años, con la creación de la firma electrónica, el consejo siempre ha estado comprometido en acompañar a los abogados en la transformación digital de sus despachos facilitándoles los medios para ello. Y así seguirá siendo. En el año 2016 se estudiaron las diferentes opciones que ofrecía el mercado, siendo las licencias E-1 de Microsoft el mejor producto con las mejores condiciones económicas. En el año 2020 al vencimiento del anterior contrato suscrito con Telefónica como partner en España de Microsoft, ésta endureció sus condiciones, especialmente las económicas. No obstante, se optó por renovarlo, pues aún así el precio actual es muy competitivo, ya que tiene un descuento del 80 % sobre la tarifa del mercado. Otro argumento de peso fue el no afectar a un número muy elevado de compañeros. Actualmente, estas licencias E-1 ofrecen soluciones de gran uso en los despachos de nuestros colegiados, pues no solo comprende el correo electrónico sino otros muchos servicios como Office on line, One Drive (nube), Teams, etc. No obstante, desde finales del año 2020 se ha trabajado en dos líneas de actuación: buscar la cofinanciación de un contrato, ahora más oneroso, y en contratar un correo electrónico básico de bajo coste (Arsys), que pudiera ser una alternativa para aquéllos que solo usan este servicio. Un buen número de Colegios de la Abogacía ya adoptaron medidas para cofinanciar el producto con los usuarios, entendiendo que es una herramienta necesaria para los despachos profesionales.

¿Se va a tomar alguna medida sobre el contrato con Microsoft y Telefónica como demandan en su carta los decanos de los colegios gallegos?

Las medidas ya están adoptadas. Se aprobaron en el pleno de mayo de 2021, en previsión de la finalización del contrato actual establecida en septiembre de 2025. En la primavera del próximo año tenemos previsto realizar un nuevo estudio de la situación para conocer qué alternativas existen y ofrecer una solución a los compañeros. La propia creación de un centro de recursos digitales responde a esa apuesta de poner siempre a disposición de los colegiados todos aquellos medios que sean los más adecuados para el desarrollo de la actividad en el actual contexto tecnológico.

Fuente: Victoria Ortega: "Me preocupa cualquier mensaje que ofrece una imagen distorsionada de la realidad" | Legal | Cinco Días (elpais.com)