Asociaciones de conservadores, educadores, filósofos, arqueólogos y antropólogos han realizado una valoración "positiva" de la reunión que han mantenido con la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, para abordar las reclamaciones de estos profesionales sobre las bolsas de trabajo y las recientes plazas públicos que la Dirección General de Cultura y Patrimonio publicó en enero.

Dichas convocatorias han sido "fuertemente criticadas por los colectivos profesionales del ámbito cultural, al incurrir en los mismos errores que las del pasado", aseguran.

En el encuentro estaban representadas ACRE (Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España); AVA (Associació Valenciana d'Antropologia); Avalem (Associació Valenciana d'Educadors de Museus i Patrimonis); Sección de Arqueología (Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante); Sección de Arqueología (Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón); Sección de Historia del Arte (Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante); Sección de Historia del Arte (Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón).

La intención de la negociación es "buscar una solución en el problema que provocan las bolsas de administración cultural A1-21 y A2-15, actualmente planteadas, de forma genérica, con muchos perfiles específicos y sin concretar una correspondencia entre los puestos de trabajo y perfiles profesionales a los que corresponden".

Son bolsas y convocatorias que incluyen arqueólogas, historiadores del arte, conservadores-restauradores, antropólogas, sociólogos, mediadores o educadores de museos y que "no especifican cuáles serán las plazas a cubrir".

"Con esta dinámica de convocatorias, las bolsas constituidas no pueden ser utilizadas porque resultan inoperantes. Aun así, continúan sin aplicar cambios ni a las ya existentes ni a las de nueva creación", denuncian.

Los colectivos profesionales han mostrado sus objeciones al argumento que se plantea desde la administración sobre que, con la legislación actual, "se hace lo que se puede para dotar a las instituciones del funcionariado necesario y se trabaja, al mismo tiempo, en el cambio de la normativa para que las convocatorias respondan mejor a las necesidades de la administración de cultura".

Los profesionales, además de reconocer la necesidad de ese cambio del marco legal que rige la contratación pública, que nunca llega --ni siquiera a la recientemente aprobada Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, lamentan--, manifiestan que "el problema de base se encuentra en la sesgada interpretación que se hace de la legislación".

En este sentido, sostienen que, tanto la anterior ley autonómica como la actual como, también, la estatal, "contemplan mecanismos y herramientas suficientes para poder hacer convocatorias ajustadas a los perfiles profesionales y a las necesidades de los diferentes puestos de trabajo a cubrir en las instituciones culturales públicas y posibilitar, así, una correcta y completa gestión del patrimonio cultural valenciano, hoy por hoy en claro riesgo por la falta de técnicos y técnicas en las instituciones".

"COMPROMISO" PARA SEPTIEMBRE

Raquel Tamarit ha defendido la gestión llevada a cabo por la Dirección General de Cultura y Patrimonio y "se ha comprometido", según afirman las asociaciones en un comunicado, a acudir, a partir de septiembre, de la mano de los colectivos de profesionales dedicados al patrimonio cultural a reunirse con Función Pública, en la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, para "exponer las necesidades de este amplio colectivo y trabajar conjuntamente los cambios necesarios".

Los colectivos han "agradecido" el gesto, aceptando el ofrecimiento y "tomándole la palabra para retomar el contacto y diálogo en septiembre, al mismo tiempo que continuarán con su reivindicación".