Los decanos de los cinco Colegios de Ingenieros Técnicos que conforman la Mesa de Ingenieros de Alicante muestran su desconformidad sobre la Ley de Función Pública al tratarse de una “norma anclada en el pasado que no se adapta al Plan Bolonia y veta a los ingenieros graduados el acceso al subgrupo A1 de la Función Pública”.
Con el Plan Bolonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior se produjo una homogeneización de las titulaciones, de manera que actualmente ya no hay licenciaturas ni diplomaturas, sino que el sistema universitario español se divide en tres ciclos: grado, titulación de referencia para acceder al mercado laboral; máster, para obtener una especialización; y doctorado, para investigación y docencia.
La Ley de Función Pública, que se llevó a las Cortes el pasado 1 de marzo, establece como requisito para acceder a los cuerpos especiales del subgrupo A1 de ingeniería “título de ingeniería o grado más máster que habilite para el ejercicio de la profesión de ingeniería”, mientras este requisito no se exige a ningún ingeniero de cualquier otro país de la Unión Europea.
Además, el requisito del máster sólo afecta a las ingenierías y no al resto de graduados de otras titulaciones, que sí pueden acceder a los subgrupos A1 de plazas de oposición de Generalitat Valenciana.
La aprobación de la nueva ley influiría en el futuro de los estudiantes de ingenierías de grado, pudiendo producir incluso una fuga de cerebros a otras comunidades autónomas, donde con la misma titulación de grado tendrían acceso a oposiciones de tipo A1 con mayor remuneración.
Igualdad de oportunidades
Con la consigna “mismo grado, mismos derechos”, los cinco colegios de la Mesa de Ingeniería Valenciana —el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, el de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de la zona territorial de València, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de València y Castelló, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana y el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica Delegación Territorial de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia— se unen al resto de colegios profesionales de ingenieros técnicos de la Comunitat Valenciana para tratar de frenar la aprobación de una ley que consideran injusta.
Los decanos de dichos colegios han firmado una carta dirigida a la consellera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, en la que solicitan sea modificada la nueva Ley sobre la Función Pública Valenciana antes de su aprobación.
