• Unión Profesional envía sus observaciones sobre el futuro Real Decreto de enseñanzas universitarias al Ministerio de Universidades

La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recogida en el Real Decreto 1393/2007, ha sido objeto de numerosas modificaciones a lo largo de los últimos años. Ahora, se ha comenzado la tramitación de un nuevo Real Decreto que remplazará a la actual normativa.

A través de una Consulta Pública Previa, el Ministerio de Universidades ha pedido aportaciones sobre el futuro Real Decreto. Unión Profesional, considerando las observaciones de todos sus asociados, ha enviado su contribución al Ministerio que ha cifrado en los siguientes temas clave para las profesiones.

Coordinación necesaria entre Universidad y Colegios Profesionales

Sobre la base de la calidad formativa como espacio de responsabilidad compartida entre la universidad y las organizaciones colegiales, Unión Profesional enfatiza en la indispensable coordinación entre el mundo académico y profesional que se ha de materializar tanto en la participación de los colegios profesionales en la elaboración de los planes de estudio como en instrumentos tales como el Desarrollo Profesional Continuo o la Validación Periódica de la Colegiación, garantes de la calidad de los servicios profesionales.

Profesiones reguladas

Unión Profesional muestra, además, su enorme preocupación ante la falta de desarrollo de mandatos contenidos en el actual Real Decreto 1393/2007. Concretamente, ante el hecho de que un gran número de profesiones reguladas en nuestro país cuyo ejercicio profesional reviste un especial interés público y que repercute directamente sobre la salud, la seguridad de las personas y sus bienes, así como en el medio ambiente o en el orden social no disponen a día de hoy de las condiciones a las que deben adecuarse sus correspondientes planes de estudio. Como resultado, egresados de diferentes titulaciones con diferentes cargas formativas están actualmente ejerciendo indistintamente determinadas actividades profesionales sin que las organizaciones colegiales puedan realizar un control del ejercicio imperativo por afectar directamente al interés general.

Sumada a esta preocupación, Unión Profesional incide en que los estudios de Grado conducentes al ejercicio de cualquiera de las profesiones comprendidas en el seno de esta asociación han de tener una duración mínima de 240 créditos, por tratarse de titulaciones que dan acceso a la práctica de profesión regulada. Nos encontraríamos, en caso contrario, con profesionales cuyo ejercicio afecta a razones imperiosas de interés general y que cuentan con distintos niveles formativos, dependiendo de si su formación contase con 180 o 240 créditos ECTS. Ni los empleadores ni la sociedad podrían determinar con claridad, rapidez y seguridad necesaria el verdadero nivel formativo de aquél que le está prestando sus servicios, unos servicios que afectan directamente a los derechos de los clientes, pacientes, consumidores y usuarios.

Se insiste, además, en el necesario respeto por parte de la normativa cuya modificación se pretende, en el sistema educativo basado en ciclos propuesto por Bolonia según el cual los ciclos de Grado, Máster y Doctorado están claramente diferenciados.

Grados Blancos

Por último, pero no menos importante, Unión Profesional denuncia el elevado grado de incertidumbre sobre las competencias profesionales asociadas, en muchas ocasiones, a los títulos universitarios. Proliferan títulos sin atribuciones profesionales y, debido en un gran número de casos a la desinformación por parte de los estudiantes y a la multiplicidad de ofertas formativas, los colegios profesionales se encuentran habitualmente con egresados que desean ejercer una determinada profesión con un título universitario que no les habilita para ello. 

Esto solo puede solventarse con una regulación que garantice la máxima transparencia informativa para los estudiantes sobre las posibilidades de ejercicio profesional que les proporcionará su titulación una vez finalicen sus estudios. Esto es solo posible gracias a la colaboración entre las universidades y los colegios profesionales, pues estos últimos son los encargados de la ordenación del ejercicio de las profesiones en base a los mandatos legales y constitucionales que así lo disponen.