Según las respuestas presentadas en el Estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones profesionales de la Mediación (FAPROMED) y la Universidad de Murcia, tras seis años de la entrada en vigor de la Ley de Mediación 5/2012, el desarrollo de la misma en el Estado español es diversa según la Comunidad Autónoma que se trate.

Efectivamente, se ha traspuesto el contenido de la Directiva europea 2008/52/CE, pero con un notable retraso y una técnica legislativa cuestionable (dada la ambigüedad en la redacción de parte de su articulado). Sin embargo, muchas de sus previsiones no se han materializado en un compromiso institucional firme.

En dicho informe que fue entregado hace unos días a José Amérigo, secretario general técnico del Ministerio de Justicia,  se señala que parte de la comunidad mediadora no ha comprendido suficientemente las implicaciones reales de esta norma  y ha equiparado la Ley sobre Mediación en asuntos civiles y mercantiles 5/2012 como una ley general que justifica la Mediación para casi cualquier tema imaginable.

También se indica que la Mediación, al margen de las Instituciones públicas, no está recogida en estadísticas, ni en registro, pero parece haber muy poco desarrollo, a pesar de la gran cantidad de profesionales que se han formado e intentado ejercer como tales. Este modelo alternativo de resolución de conflictos no parece ser muy conocido, ni generar confianza ante la seguridad jurídica que una sentencia judicial otorga a los interesados.

Otro tema que se aborda es que  iniciar un proceso de mediación aún se observa como un signo de debilidad para quien la propone, sin tener en consideración la fuerza ejecutiva que tiene un acuerdo de mediación -que iguala a cualquier sentencia judicial-.

No se ha apreciado una menor desjudicialización de los conflictos, ni se ha percibido un incremento notable de su demanda. Sin embargo, sí que ha se conseguido en un alto grado el objetivo de tener una solución más adaptada a las necesidades e intereses de las partes.

La Ley de Mediación no es suficiente

Otra de las conclusiones de este estudio señala que la aprobación de dicha Ley  5/2012,  de 6 de Julio, ha significado un mayor conocimiento de la Mediación y la formación de miles de profesionales que no ha supuesto un significativo acceso de los ciudadanos a los servicios de Mediación por carecer de otros apoyos que se hacen necesarios para su adecuada implementación, evidenciando que la sola aprobación de la ley 5/2012 no es suficiente.

La Ley ha supuesto la reorganización de los profesionales de la Mediación, que se han visto obligados a acoger a miles de nuevos profesionales con necesidad de prácticas y rodaje, usuarios interesados en la Mediación y lugares donde ejercer como mediadores.

Antes de la aprobación de la Ley existían 13 leyes autonómicas de Mediación Familiar, lo que ha supuesto la coexistencia de la Ley nacional con las autonómicas, ello ha facilitado una adecuada convivencia a pesar de los agravios comparativos que implica la existencia de CCAA con unos servicios de mediación a los que otros ciudadanos de otras CCAA no tienen acceso; CCAA con registros autonómicos y otras sin ninguno; CCAA con presupuestos para Mediación y otras que han dejado su desarrollo e inversión económica en manos de los propios mediadores.

También se comenta en dicho estudio que la aprobación de la Ley española de Mediación 5/2012, de 6 Julio, parece haber propiciado la difusión de esta metodología de resolución de conflictos no adversariales, favoreciendo su conocimiento y la formación de un amplísimo colectivo de profesionales que se han especializado en Mediación, pero que, no obstante, no han visto satisfechas sus expectativas de trabajo en este campo, aún a pesar de las expectativas que se habían generado.

Los impulsores de este estudio revelan que “el compromiso de la Administración parece haber quedado reducido a “declaraciones institucionales”, al Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación y al apoyo moral para determinados proyectos”.

Tal parece que la ciudadanía ha escuchado más acerca de la Mediación, pero esto no se ha traducido en mecanismos reales para su acceso a este modelo de gestión y resolución porque no existe una política pública que se traduzca en una Agenda del Estado con programas, presupuestos, recursos humanos retribuidos, supervisión, control e igualdad de oportunidades para el acceso a toda la ciudadanía.

Es necesario la unificación de Registros autonómicos, nacional y de los colegios profesionales, coordinación entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ para la derivación a la SIP en el marco de la NOJ, así como criterios unificados para el control de calidad, supervisión y articulación.

Más divulgación y más aplicación a otros ámbitos

En cuanto a su reactivación Ana Cobos presidenta de FAPROMED, una de las entidades que ha impulsado el informe  señala que “Sería necesario favorecer acciones de divulgación e información y aumentar la extensión de su aplicación a otros ámbitos”.

Sobre la sesión informativa destaca Cobos que en el informe se indica que  es “nuestro argumentario de aplicación de la Mediación, y ello es compatible con el ejercicio de los principios que sostienen la Mediación. Por lo tanto, la sesión informativa debe “informar” y dentro de esa información es el principio de voluntariedad, que da el derecho a los mediados a decidir si quieren resolver su asunto a través de un proceso de mediación, y además puede abandonar el proceso en cualquier momento una vez iniciado”.

Según dicho informe “la Mediación solo será una realidad en España si entendemos que es una justicia social, donde el ciudadano decide y asume su responsabilidad ante el conflicto. Si entendemos que la Mediación es algo más que una mera herramienta de resolución de problemas”.

Desde FAPROMED se insiste en que “implementar un Plan de difusión y educación: implicar a la ciudadanía, buscar acotar las acciones de información de mediación gratuita. Eliminar el voluntariado de los servicios de Mediación. Desde la Administraciones públicas facilitar el apoyo a programas y proyectos privados de mediación. Divulgación real por parte de la Administración y del Estado puede ayudar a conocerla mejor”.

El papel de los mediadores no reconocido

Sobre el papel de estos profesionales Cobos destaca que se indica en el citado informe que  “Si bien la figura de la  persona mediadora  es poco valorada, ha mejorado en este tiempo de vigor de la Ley, con un avance en su reconocimiento social, no obstante el hecho de asociarse a la gratuidad y el saber que los mediadores no cobran por su trabajo -en muchas ocasiones- hace que su labor se vea como no como una labor profesional, sino más bien como un mero “voluntariado”.

Otro dato que destaca la presidenta de FAPROMED en dicho análisis es que “el papel que l@s mediador@s es y debe ser fundamental desarrollo de la mediación, ya que son quienes conducen el proceso, quienes pueden y deben implicar a todas las personas que intervienen en la mediación, generando confianza y demostrando que la mediación es un proceso que vale la pena utilizar (se finalice con acuerdo o sin él).”

Sin embargo, en la propia monografía de análisis se indica “el profesional de la mediación está en permanente tela de juicio, y por ende el propio proceso de mediación. Es indudable que la calidad de la mediación es fundamental para la seguridad y el éxito del propio proceso, pero es preciso dar un voto de confianza al profesional de la mediación y no cuestionarle constantemente; como tampoco se hace con otros profesionales (abogad@s, médicos, juez@s , notari@s, etc) cuando realizan su trabajo”.

Tal y como señala el Estudio “sería aconsejable la creación de un Colegio de Mediador@s. La creación de un Consejo Directivo que lidere el Ministerio de Justicia para la coordinación de la Mediación en España, que dé seguimiento a una agenda común para la dinamización, colaboración e implantación de la Mediación”.

Preguntada si el campo hipotecario, con miles de reclamaciones podría ser un lugar donde implementar la mediación, Ana Cobos comenta que “Este aspecto en concreto no se ha tratado en el Estudio sobre el Estado de la Mediación en España.  No obstante, los conflictos que se han producido y los que se producirán en el área del Derecho hipotecario corresponden a un aspecto concreto cual es el Derecho del Consumidor, y sobre el cual España en concreto ha suspendido estrepitosamente según hemos corroborado en las resoluciones judiciales que nos ha transmitido en estos últimos años la Unión Europea a través del TJUE, TEDH, etc.”

Para esta abogada “en este campo hipotecario los niveles de poder no están igualados, ya que hasta ahora el consumidor/usuario se encontraba en una esfera inferior para reclamar sus derechos.  Sería necesario una ley específica que regulara la resolución de este tipo de conflictos dando más protagonismo al consumidor de lo que hasta ahora ha existido, sólo en ese caso podría ser aceptable introducir la mediación; habida cuenta que las intervenciones que hasta ahora se han venido realizando en este campo hipotecario han sido intermediacionesentre ambas partes”.

“Se aconseja crear un Colegio de Mediador@s. La creación de un Consejo Directivo que lidere el Ministerio de Justicia para la coordinación de la Mediación en España, daría seguimiento a una agenda común para la implantación de la Mediación”.

Fuente: https://confilegal.com/20180530-reclaman-una-politica-publica-de-apoyo-a-la-mediacion-para-solucionar-conflictos/