Una normativa que prevé someterse a aprobación este verano por parte de Les Corts para que, si se admite a trámite, pueda ser una realidad en el último trimestre de 2018. Con ella se blinda el sistema de Servicios Sociales, dotándolo de la financiación necesaria para su universalidad y se iguala a derechos como la educación y la sanidad.
«Es un proyecto de ley muy de todos, porque cuenta con la participación de muchos organismos y entidades, y el resultado nos gusta bastante. Queremos que la ley salga adelante, que sea una ley de consenso y de futuro, que se respete gobierne quien gobierne», ha señalado el presidente del Col·legi de Treball Social de Castelló (COTS), Jaume Agost.
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