Las imprudencias profesionales

Una de las cuestiones clave que debe tener en cuenta todo profesional que trabaje en el sector público o privado es la de mantenerse en constante reciclaje en los conocimientos que tiene que seguir adquiriendo para desempeñar su actividad. Porque los que le fueron tenidos en cuenta para concederle la titulación con la que ejerce ya han quedado desfasados y desconectados de una realidad que es cambiante a un ritmo exagerado.

La formación se nos presenta, así, como uno de los ejes del profesional para que pueda estar en las debidas condiciones de atender a los ciudadanos que demandan sus servicios. Pero, sin embargo, ello no es tenido en cuenta hoy en día con la exigencia que exige nuestra sociedad para adaptarnos a las novedades, y se comprueba en la reducida asistencia a programas de formación que organizan los colegios profesionales, donde no acuden todos los que son, quizás bajo la errónea creencia de que «no tengo tiempo» para acudir a cursos de formación o reciclaje. Los colegios profesionales cumplen con su obligación de ofertar estos cursos de formación, y así lo hacen también las administraciones públicas que ofrecen a sus empleados públicos la oferta de aprendizaje necesaria en sus distintos ámbitos. Además, en el sector público muchos empleados, de alta y media escala, tienen sus colegios profesionales a los que acudir para seguir formándose. Y no se trata tan solo de estar en condiciones de seguir al día en las cuestiones que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo, sino de prestárselo al ciudadano que nos demanda nuestros servicios, porque una mala prestación de los mismos puede causar graves daños y que, por ello, serán causa de graves responsabilidades, no solo en el orden civil, sino también en el penal por medio de las imprudencias profesionales que en algunos sectores pueden causar lesiones graves, o incluso la muerte, por falta de la debida diligencia en el desempeño de nuestras obligaciones profesionales.

Por otro lado, además de la debida formación que tenemos que seguir adquiriendo está el empleo de la diligencia debida en la ejecución de las actividades que realizamos tanto en el sector público como en el privado, porque, a veces, se nos olvida que tratamos con personas y cuando estas se ponen en las manos de un profesional, elegido, o porque es el que tiene que atenderle en el sector público, es preciso poner el máximo empeño en atender a ese ciudadano como lo que es, como una persona y no como un número, ya que ocurre, en ocasiones, que si no se presta esa debida atención y se produce un daño habrá que asumir las responsabilidades derivadas de esa mala atención que se preste, por descuido, por omisión, o por falta de la debida atención al caso concreto.

No debemos olvidar que en determinados sectores estas imprudencias, que pueden ser debidas a errores graves, o menos graves, y a falta de la debida atención y diligencia pueden causar la muerte o lesiones a los ciudadanos y en estos casos la consecuencia jurídica que se derive de estos hechos no será solo la pena privativa de libertad que se imponga, sino la de la inhabilitación profesional para ese trabajo, ya que un profesional que desatienda sus obligaciones y cause un daño en forma de muerte o lesiones por esa imprudencia en el servicio que presta no puede atender a otras personas por el riesgo de la reiteración. Si fuera un daño económico la responsabilidad sería civil y debería indemnizar a los perjudicados económicamente, para lo que existen las pólizas de seguro de responsabilidad civil para cubrir estas situaciones. Sin embargo, la cuestión es si tenemos que estar arriesgándonos a que ocurran estas desatenciones y errores o sería preciso exigir más controles internos en la forma en la que se están desempeñando los servicios públicos para comprobar si los ciudadanos están disconformes con las atenciones que reciben de los profesionales, y que los colegios profesionales puedan incidir más en ese control a sus colegiados exigiendo, por ejemplo, unas horas concretas de formación obligatoria, que también deberían imponerse en el sector público.

La calidad y la atención en el desempeño de los servicios públicos y privados es una de las obligaciones que nuestros responsables públicos deberían reflejar en códigos de conducta que deberían imponerse para conseguir que los ciudadanos reciban una adecuada prestación de sus servicios y que no se vean desatendidos, o tratados, como meros sujetos que reciben un servicio como si fuera un número y no como lo que son: personas que han puesto su confianza en un profesional al que le tienen reconocida la presunción de que va a hacer bien su trabajo. Porque si no es así no pueden seguir al frente del listado de los que se ofrecen y, bien por la vía de la sanción penal, civil o el expediente disciplinario, deben dejar paso a otros que sí quieren hacer bien su trabajo y tratar como se debe a los ciudadanos.