Está previsto que en breve el Congreso de los Diputados apruebe una proposición de ley que modifica la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia jurídica gratuita con la que se pondrá fin a casi dos meses de incertidumbre y protestas -incluyendo una convocatoria de paro- por la aplicación del IVA al turno de oficio. Esta decisión, que cambiaba de un plumazo el funcionamiento del turno de oficio desde el año 1986, no solo suponía incrementar en un 21% el coste de la Justicia gratuita, sino que también complicaba la labor de abogados y procuradores y, en el caso de Euskadi, hubiera exigido ajustes en los flujos financieros entre diputaciones forales y Gobierno Vasco. Según fuentes del sector de la abogacía, el cambio de criterio del Ministerio de Hacienda declarando sujeta a IVA la labor de los abogados del turno de oficio carece de fundamento pero “no es una ingenuidad o una ocurrencia”, ya que en el fondo se trata de detraer importantes cantidades económicas a las comunidades autónomas que tienen transferida la administración de Justicia para ingresarlas, en forma de recaudación de IVA, en la Hacienda española.

En Euskadi la “ocurrencia” de Montoro hubiera supuesto este año tener que aumentar en un 21% los 14,5 millones de euros que el Gobierno Vasco dedica a que las personas en situación de especial vulnerabilidad tengan acceso gratuito a la administración de Justicia. La Justicia gratuita no solo supone asistencia letrada para las personas imputadas, detenidas o presas que carecen de recursos económicos, sino también para las personas en esa situación que pertenezcan a colectivos de especial protección -violencia de género, agresiones sexuales, violencia en el seno del hogar, víctimas de terrorismo, menores de edad, extranjería, personas con discapacidad psíquica víctimas de abuso o maltrato...- ya que tienen reconocido automáticamente el derecho a Justicia gratuita. Este concepto incluye también los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ), que se prestan en los centros penitenciarios y en los Palacios de Justicia de Euskadi y en los que se ofrece asesoramiento y orientación gratuitos, previos al proceso judicial.

La decisión del Ministerio de Hacienda de aplicar el IVA al turno de oficio se materializó a través de una respuesta de la Dirección General de Tributos a una consulta vinculante y se sustentaba en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente al caso de los abogados del turno de oficio de Bélgica.

“Es obligatorio” Javier Muguruza, tesorero del Colegio de Abogados de Bizkaia, explicó a este diario que la oposición de la Abogacía al cambio de criterio de Hacienda “no tiene nada que ver con que los abogados no quieran pagar el IVA”. La movilización de los Colegios, la argumentación en contra de la medida y la negociación para que se diera marcha atrás en la decisión se sustenta en el hecho de los trabajos para la Justicia gratuita “no son un servicio profesional que ofrece un abogado, porque son obligatorios” y “lo que se cobra no es un precio sino una indemnización”.

De hecho, la fórmula elegida por el Gobierno español para solucionar el error del Ministerio de Hacienda consiste en modificar la Ley de asistencia jurídica gratuita para reforzar el principio de obligatoriedad y el carácter indemnizatorio de las cantidades que se cobran por los servicios jurídicos. Tras anunciar el acuerdo para dejar al turno de oficio al margen del IVA, el Ministerio de Justicia se apresuró a señalar que la corrección de la Ley “tendrá efecto desde el 1 de enero de este año y para aclarar cualquier duda interpretativa, el Ministerio de Hacienda dictará una instrucción para que el IVA no se haga efectivo durante el periodo transitorio hasta la aprobación de la misma”.

“La Ley de asistencia jurídica gratuita -señaló el tesorero del Colegio- dice que todas aquellas personas que no tengan medios económicos suficientes pueden contar con un abogado, no solo para asistirles en un juicio, sino también para un asesoramiento previo. Esa Ley obliga al colectivo de la Abogacía a prestar esos servicios. En el pasado todos los abogados tenían obligación, de acuerdo a un calendario prefijado, de estar de guardia determinados días. Ese sistema ocasionaba algunos problemas graves. Por ejemplo, aquí se recuerda siempre el caso de el Francés, el hombre que asesinó a Santiago Brouard. Ese caso le tocó a un abogado que era experto en derecho tributario porque era el orden establecido. Aquello era un poco desastre porque había abogados que no querían hacer el turno de oficio y lo subcontrataban con un pasante de su despacho, y también porque a veces un caso de asesinato le tocaba a un asesor fiscal. Desde hace unos cuantos años esto se ha organizado mucho mejor. En primer lugar se estableció que si hay abogados voluntarios el turno de oficio se atenderá con ellos. Luego se organizó por especialidades: los profesionales que se presentan voluntarios al turno de oficio tienen que acreditar que han llevado un número determinado de casos en la materia de su especialidad. Así, ahora no todos los abogados vamos al turno de oficio porque hay suficientes voluntarios y aunque la ley dice que ese trabajo hay que hacerlo sin cobrar nada, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas decidieron pagar a los Colegios de abogados unas cantidades para esos letrados en concepto de resarcimiento de gastos”.

El caso de Bélgica Tal y como recordaron los Colegios de abogados, ellos “asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución y la compensación satisfecha por esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indemnización, es decir, no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla, está sujeta a baremo y con ella se pretende indemnizar a los letrados y procuradores por la prestación del servicio sin retribución conforme a los criterios del mercado”. Las organizaciones colegiales también destacaron que el caso de Bélgica que dio lugar a la sentencia del TJUE no es similar al sistema español.

“En Bélgica -puntualizó Javier Muguruza- el Gobierno hace una convocatoria para los abogados que quieran apuntarse al turno de oficio y también establece una serie de baremos en función de las complicaciones del caso, de las horas de dedicación, etc. El Tribunal de la UE dijo que eso es un servicio profesional y debe facturarse con IVA. Por lo tanto los abogados belgas tienen que cobrar al Gobierno sus honorarios más el 21% de IVA, aunque en realidad es el viaje a ninguna parte: el Gobierno belga paga ese 21% y después los abogados se lo tienen que ingresar. Algún listo del Ministerio de Hacienda de Madrid leyó esa sentencia y pensó que aquí había que hacer lo mismo”.

“Eso era un despropósito, pero Montoro se empeñó y se cambió el criterio que se venía manteniendo desde 1986. Mientras se montaba un gran revuelo y hasta el Ministerio de Justicia tuvo que salir a defender el turno de oficio, aquí tuvimos la suerte de contar con unos responsables de Hacienda mucho más sensatos y las Haciendas forales pararon el golpe. Dijeron que no iban a recaudar el IVA ni a cambiar el criterio y que esperarían a ver cómo el Gobierno español resolvía el problema que él mismo había creado”, indicó el tesorero del Colegio de Abogados de Bizkaia. En su opinión, “aunque un funcionario considere que aquí se tiene que aplicar el criterio del TJUE para Bélgica, sus superiores políticos tendrían que haber pensado antes de actuar y haberse dado cuenta del lío que iban a montar”.

Justicia gratuita

En 2017- Este año el Gobierno Vasco destinará 14,5 millones de euros para que las personas en situación de especial vulnerabilidad tengan acceso gratuito a la Administración de Justicia en Euskadi. Según estimaciones del Ejecutivo, a lo largo de 2017 unas 25.000 personas podrán tener asistencia jurídica gratuita, de las que 3.000 serán mujeres víctimas de la violencia de género o de agresiones sexuales.

Guardia y oficio- El Gobierno Vasco financiará un año más todas las actuaciones, tanto de guardia como de oficio, que realizan los Colegios profesionales de Abogados y Procuradores de los tres territorios históricos para que puedan prestar atención jurídica a todas las personas imputadas, detenidas o presas que carecen de recursos económicos y que, por tanto, tienen derecho a Justicia gratuita.

Orientación- También se financiarán los gastos de funcionamiento de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ), que se prestan en los centros penitenciarios y en los Palacios de Justicia de Euskadi y en los que se ofrece asesoramiento y orientación gratuitos, previos al proceso judicial.

Violencia machista- Los Colegios de abogados de la CAV ponen a disposición del turno especial para atender a mujeres víctimas de la violencia de género o de agresiones sexuales un total de 15 profesionales, 8 titulares y 7 de refuerzo en caso de necesidad. En concreto, habrá 4 titulares en Bizkaia y 3 de refuerzo; 3 titulares en Gipuzkoa y 2 de refuerzo; 1 titular en Araba y 2 de refuerzo.

Abogados- En Euskadi trabajan actualmente en el turno de oficio más de 2.300 abogados y abogadas, mientras que en el conjunto del Estado español son unos 43.000 profesionales del Derecho los que atienden los casos de Justicia gratuita.

Fuente: http://www.noticiasdealava.com/2017/03/13/sociedad/los-abogados-del-turno-de-oficio-ganan-la-batalla-a-montoro