Carlos Carnicer: "La Justicia necesita medios económicos y humanos para salir del atolladero"

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer

Zaragoza.- Más medios económicos y humanos. Es una de las principales reivindicaciones del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, para "sacar a la Justicia del atolladero en el que se encuentra". En concreto, es una de sus propuestas agilizar los macroprocesos judiciales y, especialmente, aquellos que versan sobre presuntos casos de corrupción. También apuesta por la especialización de jueces, fiscales y abogados para afrontar estos casos.

Asimismo, este zaragozano considera "nefastas" las tasas judiciales "para todos los justiciables" y considera que no han servido para financiar la Justicia gratuita. También considera "innecesaria" la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Pregunta.- La aprobación de la nueva ley de acceso a la Abogacía estableció la obligatoriedad de cursar un máster para ejercer la profesión, ¿qué valoración hace de esta norma?

Respuesta.- La formación de postgrado era una aspiración de la Abogacía Española desde 1917. Reivindicábamos una formación práctica igual que la que tenían el resto de países desarrollados y no fue hasta 2006 cuando conseguimos que el Parlamento aprobase una Ley de Acceso a la Abogacía. Una norma que ha tenido la vacatio legis (periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor) más larga de la historia legislativa de España, nada menos que cinco años. El examen de acceso se puede hacer mejor pero la valoración de la norma no es del todo negativa. Tiene un contenido teórico importante y, a la vez, los conocimientos que se adquieren en ese postgrado son prácticos con lo que se garantiza que los alumnos se adentren en el ejercicio de la profesión mucho mejor preparados. Van a poder competir con los abogados que ya llevamos unos años en el ejercicio porque tienen una formación de calidad.

P.- Ya se cumplen dos años desde la implantación de la ley de tasas, ¿cree que ha cumplido los objetivos con los que se aprobó?

R.- Ha cumplido los objetivos con los que se diseñó, pero no con los que se manifestaron. Al principio se dijo que no respondía a un gran deseo de recaudación, sino de eliminar algunos abusos que se producían en el acceso a la Administración de Justicia, pero no es cierto. Las tasas han servido para todo lo malo impidiendo a esa sufrida clase media que tenemos en España, que no tiene un capital suficiente como para que las costas del proceso no le arruinen, el derecho al acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva.

P.- ¿En qué cuantía se puede incrementar el coste de un proceso judicial con la aplicación de estas tasas?

R.- Aproximadamente, en las tres instancias (juzgados de Primera Instancia, Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo) las tasas suponen un desembolso de unos 2.300 euros, como mínimo. En la primera instancia, unos 300 euros; la apelación a la Audiencia Provincial, 800 euros, y el recurso de casación en el Supremo, 1.200 euros. Estas cantidades hay que tenerlas depositadas ya en el abogado cuando se inicia el procedimiento. Desde todos los puntos de vista, la tasa es un elemento absolutamente nefasto para todos los justiciables. Además las tasas no se devuelven, es decir, si usted pierde el pleito pagará las tasas porque el procedimiento ya se ha iniciado pero si gana a la Administración, tampoco va a recuperarlas.

Carlos Carnicer recibió el galardón Solidaridad Aragón Carlos Carnicer recibió el galardón Solidaridad Aragón "Persona individual" de la ONCE el pasado 22 de octubre

P.- Uno de los objetivos con los que se aprobó esta ley era financiar la asistencia jurídica gratuita, ¿cree que se ha conseguido?

R.- No sabemos dónde se ha destinado el importe recaudado por las tasas. Desde luego, no han ido ni a Justicia gratuita ni siquiera a Justicia.

P.- Con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ¿cree que se podrían eliminar estas tasas?

R.- Ésa es la esperanza. El nuevo ministro está asumiendo una serie de obligaciones que esperemos que cumpla y una de ellas es que va a revisar las tasas, lo que no sé muy bien qué quiere decir. Yo ya le he dicho que nosotros vamos a demandar la derogación de la ley de tasas, sin ninguna alternativa.

P.-Lo que sí ha anunciado ya el nuevo ministro de Justicia es que descarta suprimir los partidos judiciales y las Audiencias, ¿qué habría supuesto esto para Aragón?

R.- Si se hubiese establecido la distribución territorial que fija el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, eliminando los juzgados territoriales y dejando sólo como competentes las audiencias provinciales, lo que habríamos hecho es alejar la Justicia del justiciable. Desde la Abogacía entendemos que se estaría vulnerando un derecho sagrado porque hay que procurar que cuando el ciudadano tiene la necesidad de recurrir a la Justicia para reivindicar un derecho, esté próximo al abogado que resida en la zona y se pueda cumplir ese derecho.

P.- Sobre la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales que prepara el Gobierno usted se ha pronunciado diciendo que va a "estrangular" a los Colegios Profesionales, ¿por qué?

R.- Es una ley innecesaria. El desarrollo de la Directiva de Servicios se produjo ya en España con la "ley paraguas" y la ley "ómnibus" de finales del año 2009 por lo que son muy recientes. En su aprobación se contó con la conformidad de la Abogacía. La única cuestión pendiente de resolver era que una ley tenía que establecer la necesidad de incorporarse a un colegio para ejercer la profesión. Poco a poco se ha creado la necesidad de un desarrollo que, supuestamente, Bruselas exigía. Sin embargo, yo le puedo asegurar que Bruselas no ha exigido un desarrollo mayor de esas dos leyes.

La Ley de Servicios y Colegios Profesionales establece, por ejemplo, la desregulación absoluta de la territorialidad. Es decir, que la práctica totalidad de los justiciables no podrán tener cerca los juzgados ni un colegio de abogados o de procuradores que les asista en caso de tener que denunciar alguna acción o preguntar por la valía o especialidad del profesional de turno. Una de las cuestiones absolutamente nocivas que establece esta ley es que a un órgano de la administración, que no se identifica, se le faculta para disolver los órganos de Gobierno de los colegios profesionales, anular su autonomía. Yo sé que al Gobierno actual le molesta enormemente que denunciemos acciones denunciables de los hechos que se desarrollan en Ceuta y melilla o que denunciemos la existencia de unas tasas que no sirven para mejorar un servicio de Justicia gratuita, pero ésa es nuestra obligación y son los mecanismos democráticos que sirven a la verdadera realización de la Justicia.

P.- ¿Qué medidas propone para atajar la corrupción en España? ¿Quizá sería necesario crear un tribunal especializado en esta materia?

R.- Lo primero que necesita la Justicia española son medios económicos y humanos. Si no dotamos de medios adecuados a la Justicia, difícilmente la sacaremos del atolladero en el que se encuentra. Hay que reformar los procedimientos, no puede ser que uno de ellos dure cinco o seis años. Por ello, si es posible, hay que desgajar del proceso principal aquellas partes que puedan enjuiciarse por separado. Pero hay que ser realistas y también tenemos que formarnos, especializar permanentemente a nuestros jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados...

Además, tenemos muchas normas que ni siquiera han entrado en función por parte de medios. Por ejemplo, la Oficina Judicial se incorporó a la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003 y todavía no se ha desarrollado. Yo soy también partidario de que algunos delitos se sancionasen con más rigor, especialmente los económicos.

Carnicer considera "imprescindible" la implantación de la Nueva Oficina Judicial

P.- ¿Qué propone para agilizar la instrucción de macroprocesos que se alargan varios años?

R.- Existe la posibilidad de adscribir un macroproceso a un magistrado instructor, pero creo que será más eficaz que en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introduzcamos la figura del Ministerio Fiscal para instruir las causas junto al abogado, en posición de igualdad. Teniendo un cuerpo de fiscales especializados, creo que podría ser suficiente. No soy partidario de los tribunales colegiados para instrucción, si ya es difícil juzgar una sola persona, si tenemos que esperar a que tres se pongan de acuerdo, creo que nos volveríamos locos. Por lo tanto, se requiere una instrucción por parte del Ministerio Público con más medios materiales y humanos, en igualdad con las defensas, y la producción de leyes nuevas que permitan agilizar el proceso. Ahora bien, en todo esto, lo primero que hace falta es que nuestros gobernantes vean utilidad de verdad a la mejora de la Administración de Justicia.

P.- ¿Cómo se encuentra el proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial?

R.- La Nueva Oficina Judicial es imprescindible y no tiene sentido que estemos todavía en la fase de suscripción del convenio Lexnet, es decir, aquel que permite la presentación de documentos vía digital. Las Comunidades Autónomas no terminan de ponerse de acuerdo para la puesta en marcha de una plataforma de intercambio. Tenemos que acabar con esos paisajes de miles de legajos apilados por cualquier sitio y debemos incorporar elementos como los que dispone la Administración Tributaria o la de la Seguridad Social. Curiosamente en este momento el único recurso digital que está funcionando en la Administración de Justicia es el expediente para el reconocimiento del beneficio de Justicia Gratuita que realizó la Abogacía y que permite tramitar ya casi un millón de peticiones. Salvo ese expediente, no hay una verdadera administración telemática en el ámbito de la Justicia.

Fuente: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=126743