El director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud del Gobierno de Canarias, Teófilo González, ha defendido hoy la colegiación obligatoria de los profesionales porque es "una garantía de rigor, responsabilidad y calidad para la ciudadanía".

Teófilo González se pronunció de esta manera durante la presentación de la campaña desarrollada por la Unión Profesional de Canarias (Upcan) denominada "Colegios Profesionales, Sí; Garantía+Calidad", señala en un comunicado la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Junto a Teófilo González, también estuvieron presentes en el lanzamiento de esta campaña el presidente de Upcan, Iván Pérez, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife, Juan Linares.

El director general recordó que el Gobierno de España está ultimando el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, por lo que la colegiación obligatoria se reducirá, una vez aprobada la norma, de los 80 profesiones actuales a 38.

Explicó que esta ley va a suponer la liberalización de la colegiación en los colegios profesionales, que pasará a ser voluntaria salvo para determinadas profesiones del ámbito jurídico y de la salud.

Pero para el director general la obligatoriedad de los profesionales es "un sinónimo de garantía, calidad y seguridad del servicio para la ciudadanía, ya que salvaguarda sus derechos al contratar el servicio de ese profesional".

El presidente de Upcan explicó que esta futura Ley va en contra de los colegios profesionales y no se ha contado con ellos.

Para Iván Pérez la futura normativa, tal y como está planteada, atenta contra la ciudadanía, devaluará las titulaciones universitarias y causará un gran descontrol de los servicios profesionales.

El presidente de Upcan explicó que se está exponiendo a la ciudadanía a graves perjuicios y riesgos" y advirtió de que "nos esperan años de muchas denuncias de la ciudadanía y colegios profesionales por la mala praxis".

Por su parte, Juan Linares recalcó que será una ley "perjudicial para la ciudadanía, puesto que permite el ejerció profesional sin control, sin el seguimiento deontológico y sin los filtros universitarios que avalan a las personas capaces de desarrollar su profesión", lo cual, en su opinión, deja a los consumidores de sus servicios en la "indefensión absoluta".