LSCP - Consejo de Ministros

viernes, 14 de noviembre de 2014 / 16:00

El nuevo borrador de Economía evita las reclamaciones que han realizado los médicos y los enfermeros

El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales encara por segunda vez el Consejo de Ministros. La primera vez fue en julio cuando el borrador llegó a la comisión general de secretarios y subsecretarios, pero el Gobierno decidió entonces dejarla aparcada en última instancia ante las discrepancias internas que había generado. El Ministerio de Economía y Competitividad ha aprovechado el impasse para pulir el documento.

Este cuarto borrador podría desembarcar en el Consejo de Ministros el viernes de esta semana, según han explicado a este periódico fuentes profesionales. Su aprobación supondría el paso previo para iniciar los trámites parlamentarios. En esta fase del procedimiento la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Enfermería (CGE) deberían ejercer presión para lograr sus reclamaciones, ya que en la última modificación del texto apenas si han surtido efecto las alegaciones de los consejos de médicos y enfermeros.

En concreto, el departamento que dirige Luis de Guindos se ha centrado en las diferencias que enfrentan a abogados con procuradores y los cambios que afectan en este nuevo borrador a sanidad son mínimos. El texto especifica que "la definición de las infracciones así como de las sanciones disciplinarias aplicables" corresponde a los estatutos generales de cada corporación, y como novedad que podría afectar a los colegios sanitarios, "teniendo en cuenta lo previsto en el Código Deontológico".

Principales alegaciones

Varias son las preocupaciones de la OMC y el CGE, aunque valoran el conjunto del documento de manera positiva ante la necesidad de actualizar una ley que consideran obsoleta. La principal es la que hace referencia a la libertad del profesional para escoger el lugar de colegiación, con independencia de la ciudad donde ejerza o resida. Tanto médicos como enfermeros han llamado la atención sobre esta cuestión cada vez que el ministerio de Economía ha elaborado un nuevo borrador. Los profesionales sanitarios entienden que este punto dificulta la garantía de los derechos de los pacientes. Ambas organizaciones vienen insistiendo en que esta medida complica la apertura de un expediente o un proceso sancionador en el momento en que se produzca una infracción. En el supuesto de que el territorio de la colegiación difiera del lugar del ejercicio, la normativa resuelve que "los colegios deberán utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos"; es decir, obligaría a intervenir a los consejos generales.

Los problemas que provoca la libertad para escoger colegio podría agravarse con el establecimiento de una cuota de 240 euros. La suma de estos dos factores podría generar una competencia entre corporaciones que podría terminar afectando a las instituciones más pequeñas, como explicaba recientemente Ricardo de Lorenzo en una entrevista a este periódico: "Aunque en teoría podría ser atractivo, se olvida que los colegios pequeños tienen unos costes relativos mayores y que la competencia de cuotas puede aumentar la asimetría entre los pequeños y los grandes" (ver GM nº530). No parece que De Guindos vaya a ceder. A finales de octubre el ministro de Economía aseguró en el Senado que el establecimiento de un techo evitaría "la dispersión existente entre colegios".

Otra cuestión que ha levantado polémica y que crea diferencias de opinión entre los consejos son las incompatibilidades. El texto señala que los cargos directivos no podrán compaginar sus funciones con puestos de dirección en las Administraciones Públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades aseguradoras "que tengan o puedan tener relación con la corporación colegial del cargo directivo". La medida ha sido aplaudida por los enfermeros pero ha generado más dudas entre los médicos. El otro punto de fricción es la tutela de la Administración sobre los colegios. Los consejos han advertido de que este punto invade sus competencias, una alegación que ha respaldado el Consejo de Estado.