El Gobierno impone su 'Diktat' al Congreso para cambiar 29 leyes

De aquellos polvos, estos lodos. Una medida excepcional concebida en la Constitución para afrontar con urgencia situaciones imprevistas o de necesaria solución inmediata, como es un decreto-ley, ha ido rodando con el tiempo hasta convertirse en una herramienta gubernamental habitual y de gatillo fácil. El último decreto-ley culmina este proceso al modificar 29 leyes de un plumazo.

Batiburrillo, macrodecretazo, decretoómnibus... El nuevo artefacto legal ha recibido todo tipo de calificativos. Incluso hasta Diktat, como se denomina a los textos legales que se imponen sin permitir un mecanismo de participación, consulta o negociación. Ejemplo de Diktat es el Tratado de Versalles, impuesto en 1919 al término de la I Guerra Mundial, o las constituciones que Napoleón Bonaparte tenía a bien sembrar por Europa, como fue el Acte Constitutionnel de l'Espagne con el que coronó a su hermano José, Pepe Botella.

El decreto-ley tiene una virtud: elude la engorrosa fase previa de escuchar a los ciudadanos y operadores afectados —dándoles trámite para que participen y opinen a través de informes— con el fin de elaborar un anteproyecto de ley que luego es sometido al debate parlamentario, a su enmienda, a la publicidad... En su lugar, un decreto-ley se tramita por la vía de urgencia y luego se convalida fácilmente en las Cortes Generales ya que sólo requiere mayoría simple.

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