Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Zaragoza, donde ha asistido a la presentación de las actividades del Colegio de Abogados de la provincia en 2014, en la que ha apuntado que algunas de esas leyes las "hemos criticado al extremo de hacerlas fracasar", entre ellas, la ley de tasas judiciales y la de los servicios y colegios profesionales.
Carnicer ha apelado al lema de mayo del 68 en París de "sed realistas y pedid lo imposible" para subrayar que "hay que imaginar hasta lo inimaginable" y opinar que "de lo que más adolece la justicia española es de falta de gestión".
En este punto, ha reivindicado que ante el problema de la Administración de Justicia, que ha considerado "hondo" y que "tienen que resolver los políticos y los gobiernos", se cuente con "todos los que tenemos algo que decir" en la materia porque de lo contrario "no lo vamos a poder resolver".
También ha comentado que no existen análisis sociológicos sobre qué quieren los ciudadanos que sea el servicio público de la justicia, para remarcar que "hay que empezar por ahí" y hacer lo necesario "para que sea posible" atender sus demandas "hasta donde lleguemos".
Tasas
Carnicer ha comentado que "la instauración de las tasas se produjo en cuatro o cinco días y tuvimos el tiempo justo para manifestarnos en las puertas de los juzgados" y acudir como plataforma --de sindicatos, consumidores y usuarios y abogacía-- a la Defensora del Pueblo "para que presentase el recurso de inconstitucionalidad".A su entender, esta última, aunque no lo interpuso, "hizo una cosa que destruyó con mayor eficacia la intención de esa ley" al "recomendar al Ministerio de Justicia que rebajase considerablemente el importe de las tasas y los conceptos", entre otras cuestiones.
La resolución de la Defensora del Pueblo implicó un "bofetón" al Ministerio de Justicia "que no supo superar" y "se enrocó",aceptando solo "lo que quiso y siempre manifestó que tendríamos que demorar la resolución de la cuestión a la sentencia del Tribunal Constitucional, que todavía no se ha producido".
En este punto, ha deseado que la ley de tasas "no vuelva más", para preguntarse cómo explicar a un cliente "que prácticamente se metía en una absoluta ruina si íbamos a reclamar".
Servicios y colegios profesionales
Según ha glosado, "las perspectivas de supervivencia de los colegios eran mínimas" puesto que "se decía que no se podían establecercuotas anuales de más de 240 euros para no poner trabas al acceso al trabajo profesional", algo que ha considerado contradictorio con una ley de tasas que para "llevar un solo pleito con todas sus instancias"obligaba a pagar entre 2.300 y 3.000 euros al cliente.
Igualmente, en el caso de la abogacía, implicaba suprimir la obligación de colegiación para los letrados que no hiciesen tribunales de justicia,"la expropiación sin compensación de todos los activos de los colegios" y conceder al Ministerio de Justicia la competencia de disolver la junta de gobierno de estos entes.
Esta propuesta legislativa "supuso que todas las juntas de gobierno" de los colegios de abogados de España salieran en una manifestación en silencio por el centro de Madrid, unas mil personas.
Otras modificaciones legislativas rechazadas por este colectivo han sido la ley de justicia gratuita, "que sustituía la buena ley en vigor por otra que nos llenaba de burocracia y gastos añadidos, empeorando el servicio", la ley de planta, que creaba los juzgados provinciales haciendo lo contrario de lo que debe realizar la justicia, que es estar "próxima al justiciable", y la ley de registros civiles, que, a su entender, "pretendía la privatización" de este servicio.
Futuro
A su entender, "quien domine los medios avanzará más deprisa y, aunque estos no son solo meros instrumentos, sino también elementos de cambio, tendremos que forzar en muchas ocasiones ese cambio para que se puedan disfrutar cuando antes de las ventaja" que aporta.
El objetivo, ha dicho, es avanzar en un "desarrollo de paz social, que es para lo que sirve el Derecho", para mostrar su satisfacción porque fuera el jefe del Estado, Su Majestad el Rey don Felipe, quien presidiera la apertura del congreso y apoyar el mensaje del monarca de que "el Estado de Derecho solo será posible si todos arrimamos el hombro".
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