José Joaquín Gallardo (Sevilla, 1955) lleva cinco mandatos dirigiendo el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Aunque se ha enfrentado a muchos retos, ahora una de sus principales preocupaciones se centra en la defensa del rol que desarrollan los colegios profesionales.
"Los abogados no desarrollamos una mera actividad económica más, somos parte fundamental de la Justicia, porque prestamos un servicio imprescindible para que los jueces puedan impartirla. Desde el colegio continuaremos trabajando para que la mercantilización de la profesión no acabe afectando negativamente a la esencia ética de la Abogacía. Sin colegios padeceríamos una situación insoportable".
Para Gallardo, éste es el momento para estar más unidos y que los letrados pongan en valor su labor a través de la Abogacía institucional. "Ahora, más que nunca, el Consejo General, los consejos autonómicos y los colegios son esenciales para defender la profesión y los intereses legítimos de quienes la ejercemos".
Sin embargo, la mayor inquietud del decano de Sevilla está centrado en la situación de la Justicia. Gallardo muestra un cierto desasosiego por "la carencia de infraestructuras judiciales dignas en Sevilla" y asegura que "a los abogados sevillanos les preocupa el insuficiente número de jueces, el colapso de los juzgados, la lentitud de la Justicia y la falta de calidad que se detecta en este servicio público".
La solución a este inmenso problema pasa, evidentemente, por una mayor inversión en esta Administración, "pero los políticos siguen considerando a la Justicia una cuestión de segundo orden". Una de las vías para agilizar la situación de los tribunales pasa por la digitalización, pero LexNet no está consiguiendo los resultados esperados.
"Era necesario activar la informatización general de la Justicia, pero se necesita inversión económica y mejoras tecnológicas precisas para que esta herramienta funcione correcta y adecuadamente. Los abogados hemos asumido LexNet con naturalidad, a pesar de las muchas incidencias. Lo importante ahora es avanzar en la implantación del sistema sin poner en riesgo la seguridad jurídica ni los derechos de los justiciables".
Gallardo, que asegura haber logrado que su colegio sea cercano, útil y servicial, no olvida el turno de oficio y reivindica que, tras la regularización en la demora de los pagos, se incrementen "las exiguas retribuciones que perciben los letrados y que la Administración asuma el coste real del servicio de orientación jurídica que presta el colegio".
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