Básicamente, el departamento de Salud asegura que “no es posible” aplicar este decreto y ha dictado instrucciones para que los profesionales sigan trabajando como antes de su entrada en vigor. El Colegio de Enfermería de Navarra, por su parte, ha dado un giro de 180 grados y tres semanas después de recomendar su cumplimiento ha “aconsejado” seguir las instrucciones de Salud. Por el contrario, la Mesa de la Profesión Enfermera, que agrupa al Consejo General de Enfermería (representación estatal de los colegios profesionales) y al sindicato SATSE, afirma que hay que cumplirlo “a rajatabla”. Y más después de que el Tribunal Supremo ha denegado la suspensión cautelar del decreto.
El problema reside en que esta norma estatal, cuyo texto fue modificado a última hora sin consenso, apunta que estos profesionales no pueden “indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica sin que el médico haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir”. En la práctica, supone que numerosas actuaciones que realizaba el colectivo, por ejemplo aplicar una pomada desbridante (colagenasa) para úlceras en un domicilio, pueden considerarse ahora ilegales, según la Mesa de la Profesión y, por lo tanto, podrían incurrir en intrusismo.
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