Mar Castillo

El conflicto entre el modelo de función pública y la gestión externa en la Junta de Andalucía recibe ahora al Ejecutivo central. Tras meses de denuncias sindicales sobre la creación de una "Administración paralela", el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes un acuerdo que confirma que el Gobierno ha detectado posibles vicios de inconstitucionalidad en la reciente Ley 4/2025 de espacios productivos.

El núcleo del conflicto: el artículo 12.5

El Estado ha puesto el foco en el apartado 5 del artículo 12 de dicha ley, que permite a la Junta encargar a los colegios profesionales la gestión de tareas técnicas de verificación y control. Con ello, el Gobierno ha activado el procedimiento previsto para ampliar el plazo para interponer un recurso de inconstitucionalidad, lo que da margen a una negociación para intentar corregir la norma antes de que llegue al tribunal.

La alerta del Ejecutivo se basa en que otorgar estas funciones de gestión a entidades externas podría suponer una extralimitación competencial, además de afectar a las potestades públicas que la Constitución reserva al Estado o al personal funcionario. Al designarse un grupo de trabajo "para proponer la solución que proceda", según se expone en el BOJA, las administraciones admiten de forma oficial que la norma, tal como está redactada, presenta dudas sobre su legalidad.

A ese grupo de trabajo le corresponde buscar una solución que evite el recurso ante el Tribunal Constitucional. Si en los próximos meses la Junta no modifica el texto para delimitar las competencias exclusivas del funcionariado, el Ejecutivo central puede proceder a impugnar la ley y, con ello, suspender este modelo de externalización.

La denuncia sobre la externalización

Para el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), esta ley es solo el último paso de una política sostenida por la que se están retirando competencias de la Administración. El sindicato sostiene que lo que comenzó como encargos habituales a medios propios como Tragsa y Tragsatec para tareas administrativas cotidianas, como la gestión de subvenciones, ha derivado ahora en la delegación de funciones a colegios profesionales, que pueden responder principalmente a intereses personales y profesionales.

El SAF ha alertado de que estas entidades participarán en la verificación de requisitos y comprobación de normativas, funciones que no son mera "asistencia técnica", sino ejercicio de autoridad pública. A diferencia del funcionario, sujeto a principios de mérito y capacidad, el personal de estas entidades externas podría verse influido por intereses económicos o políticos al no gozar de la misma independencia jurídica, según denuncian los sindicatos.

El "negocio" de la colegiación forzosa que denuncian los sindicatos

La noticia coincide con la reciente instrucción que obliga a miles de funcionarios de cuerpos técnicos y facultativos a colegiarse para ejercer sus funciones si estas tienen como destinatario un ciudadano, y no otro órgano de la Administración, por ejemplo. Ante esto ya presentaron quejas los sindicatos, alegando que no hay cambio normativo ni jurisprudencia que justifique "esta urgencia" por colegiar a los funcionarios.

El SAF vincula ambas medidas, denunciando que la Administración está "disparando con pólvora del rey". Por una parte, mediante la obligación del personal público a pagar cuotas colegiales y, simultáneamente, entregando a esos mismos colegios contratos para realizar el trabajo que el funcionario debería desempeñar. Hasta el momento, se desconoce si se han hecho encargos a estas organizaciones profesionales, aunque se han solicitado los expedientes a Transparencia.

Hay otros puntos por resolver pendientes de este órgano. El propio SAF solicitó los expedientes relativos a las contrataciones de Tragsa y Tragsatec, empresas públicas a las que la Administración puede encargar trabajos sin necesidad de realizar una licitación pública abierta. Los sindicatos denunciaban que estas prácticas son excesivas y recurrentes, excediendo las necesidades puntuales o a la falta de capacidad técnica específica que contempla la ley.

La Junta, sin embargo, no ha concedido estas cifras, acogiéndose a la Ley de Transparencia y alegando que el volumen de datos requiere una "reelaboración" excesiva. Fuentes del SAF han comunicado a este periódico que se emplearán las vías legales disponibles para obtener esta información pública.

En todo caso, el Gobierno autonómico ha justificado estas medidas de contratación externa con la falta de medios personales propios. Acerca de la colaboración con los colegios profesionales, la Consejería había justificado una “garantía de calidad y servicio público”. Los sindicatos rechazan este argumento, alegan que la carencia es consecuencia de una insuficiente convocatoria de plazas y denuncian el "vaciamiento" que se está haciendo de la Administración en favor de otros organismos con menor control.

Fuente: https://www.diariodesevilla.es/andalucia/gobierno-ve-inconstitucionalidad-contratacion-colegios_0_2006550770.html