Rafael y Juan Ramón Corvillo, en su despacho. / Juan José Ventura
Corvillo Abogados es un bufete especializado en sanidad y colegios profesionales. Estos desarrollan unos fines y unas funciones que son imprescindibles en la sociedad actual. Desde el bufete se está muy pegado al día a día de los Colegios Profesionales a los que asesora, siempre desde el rigor y la experiencia de casi cuatro décadas de ejercicio.
¿Cuál es el principal papel de los Colegios Profesionales en la regulación y defensa de las profesiones, y qué desafíos legales suelen enfrentar?
Los colegios profesionales son absolutamente imprescindibles. Ostentan la potestad disciplinaria sobre sus colegiados. Por ejemplo, la potestad disciplinaria es importantísima. Hace unos años se planteó un Proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que prácticamente abogaba por la práctica desaparición de los colegios y solo obligaba la colegiación en profesiones de alta responsabilidad. Afortunadamente, ese proyecto quedó en agua de borrajas. Los colegios profesionales ostentan la representación exclusiva de las profesiones en el territorio donde desarrollan su actividad y no solo defienden los intereses de los profesionales, desde el año 2009 tienen que velar también por los consumidores y usuarios.
Los colegios además tienen la obligación de perseguir el intrusismo profesional, lo que está tipificado como usurpación de funciones. Además tienen que formar a los profesionales inscritos. Desarrollan unos fines y unas funciones que son absolutamente imprescindibles en la sociedad actual y en la futura.
¿Qué conflictos son más habituales entre los colegiados y los propios Colegios Profesionales?
Pues los que se suscitan como consecuencia de las denuncias y que dan lugar a la incoación de expedientes disciplinarios. Otro problema es que el profesional tiene que estar inscrito en el colegio donde desarrolle principalmente su actividad profesional, pero eso no se está cumpliendo en algunos colegios profesionales. Existen colegios a los que se inscriben profesionales que no tienen allí su domicilio profesional principal y se nutren de esos colegiados. Eso genera un pequeño éxodo, que es completamente contrario a ley.
¿Qué papel desempeñan los abogados en la elaboración y revisión de los estatutos de los Colegios Profesionales?
Sí es muy importante. Hace escasos años que en el Colegio de Dentistas y en el Colegio de Veterinarios se cometió la reforma de sus estatutos. El asesor jurídico del colegio se encarga de ayudar en la redacción de los estatutos y de que esos estatutos se acomoden a lo dispuesto en toda la normativa tanto nacional como autonómica.
¿Cómo se abordan desde el ámbito legal los problemas de competencia desleal dentro de una misma profesión regulada?
Toda infracción de las leyes, de los estatutos o del código deontológico de una profesión puede ser sancionable por el colegio, al tener esa potestad disciplinaria. La Ley de Defensa de la Competencia, por ejemplo, es una norma que si se infringe por algún colegiado puede dar un expediente disciplinario y su sanción correspondiente.
En su experiencia, ¿cómo afectan las normativas europeas sobre servicios profesionales al funcionamiento de los Colegios en España?
La Unión Europea promulga sus leyes y sus reglamentos, sus directivas y después España tiene que incorporar esas directrices marcadas por las normas europeas al ordenamiento jurídico español. Por ejemplo, en el año 2009 se promulgó la famosa Ley Omnibus, consecuencia de una directiva comunitaria a la que se tenía que adaptar el ordenamiento jurídico español en su regulación sobre los colegios profesionales.
La formación es algo imprescindible en los colegios profesionales y en cuestión transparencia, los colegios profesionales tienen la obligación de colgar determinados e importantes datos en una ventanilla única. Y en definitiva la mejor forma de que cumplan los colegios profesionales con la normativa vigente pues es tener concertado los servicios de un despacho especialista en colegios profesionales. Nosotros, por ejemplo, asistimos a todas las juntas de gobierno que se celebran en los colegios a los que prestamos nuestros servicios. Si vemos que en algún punto puede haber una fricción con el ordenamiento jurídico, lo ponemos de manifiesto.
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