Por parte de Unión Sanitaria Valenciana, además de la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, Laura Almudéver —en calidad de secretaria—, han acudido el presidente de USV, Andrés Gené; la vicepresidenta, Inmaculada Íñiguez; la tesorera, Inmaculada Ibor; y los vocales de la junta: Francisco J. Santolaya, María Jesús Lluch, Mª Pilar Nieto, Josep C. Benítez, Patricia Valls, Maite Navarro y Vicente Colomer.
Los miembros de Unión Sanitaria Valenciana han recordado su preocupación por los riesgos que suponen para la salud de los ciudadanos las pseudociencias que no cuentan con el aval científico, así como la necesidad de trabajar una normativa que regule la publicidad engañosa sanitaria.
Aunque la principal reivindicación de USV se ha centrado en el intrusismo que sufren todas las profesiones vinculadas a la salud. Por ello, han exigido que se pida en todos los concursos, oposiciones o contratos, por normativa —como garantía del correcto ejercicio profesional—, que los aspirantes aporten el certificado del colegio profesional correspondiente, es decir, la colegiación. Además, debe solicitarse también el número de colegiado. Un extremo en el que los colegios profesionales se ofrecen para colaborar con la Administración sanitaria.
Desde Unión Sanitaria Valenciana también se ha solicitado el acceso a la historia clínica para que esté al alcance de todos los profesionales de la salud, tanto del ejercicio público como del privado. De igual modo, se ha pedido el incremento de la cartera de servicios asistenciales, ya que es preciso la colaboración y cooperación entre los diferentes profesionales sanitarios.
USV ha demandado la creación de un Consejo Asesor de Profesiones como órgano de coordinación para asesorar a la Conselleria de Sanidad, la puesta en marcha de un Observatorio de la Salud, y que la vacuna COVID tenga un acceso rápido para todos los profesionales del ejercicio público como del privado. Por último, los representantes de las profesiones sanitarias valencianas han hecho hincapié en el concepto de equidad sanitaria, ya que no puede depender del código postal donde se viva o de los recursos económicos que se tengan para acceder a los servicios sanitarios.
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