El Gobierno avanza en su plan para terminar con las llamadas 'puertas giratorias' y el exceso de influencia que suelen presentar determinados sectores empreariales en sus relaciones con los poderes públicos. El Consejo de Ministros aprovó este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, la norma que permitirá regular por primera vez la actividad de los también conocidos como 'lobbies' en sus relaciones con la Administración General del Estado (AGE) y su sector público.

Para empezar, el texto establece que ningún alto cargo del Estado o funcionario pueda ejercer esta actividad al menos hasta que pasen dos años desde que abandone su cargo. Además, se creará un Registro de Grupos de Interés, que será de obligatoria inscripción y en el que se específica a qué personas físicas y jurídicas puede considerarse como tal.

Finalmente, y según la propuesta inicial, los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales no tendrán consideración de Grupo de Interés al ejercer actividades reconocidas en la Constitución. Las que sí podrían tener esa calificación son las entidades o fundaciones creadas o financiadas por estas mismas organizaciones.

Tampoco se considerará 'lobby' a las Administraciones Públicas y su sector público, a los organismos y organizaciones públicas internacionales, ni a las entidades que defiendan y promocionen intereses económicos y sociales que les son propios, como es el caso de los colegios profesionales.

Lo mismo ocurrirá con las personas físicas que actúen de manera autónoma sin estar asociadas con otras, siempre que sus objetivos no impliquen intereses económicos o sociales individuales que sean significativos.

Según la propuesta, si una gran empresa quiere celebrar reuniones con algún miembro de la Administración que pueda influir de alguna forma en decisiones normativas, deberá estar registrado. Por su parte, los altos cargos inmersos en la producción de leyes tienen la obligación de comprobar que aquellos con los que se reúnen forman parte del mencionado registro.

La futura legislación introduce además un sistema de huella normativa que consistirá en dejar constancia en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de los cambios introducidos en una disposición normativa por esa actividad de 'lobby' de personas físicas o jurídicas.

Otros datos que deberán reflejarse son las identidades del personal público y de los representantes de los Grupos de Interés que hayan protagonizado las reuniones que han afectado a la redacción normativa.

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