La Comunidad Valenciana inicia el trámite para exigir el valenciano a los funcionarios

 

 

 

 

 

 

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este miércoles en Valencia. EFE

«El ministro Pedro Duque que habla siete idiomas y fue número uno de la candidatura socialista por Alicante no podría ser funcionario en la Comunitat Valenciana por no acreditar el valenciano». «Mi doctora de Soria me ha contado que está pensando en volverse a su tierra porque le hacen la vida imposible con el requisito». Con estos dos ejemplos, los diputados José Antonio Rovira (PP) y Vicente Fernández (Ciudadanos) defendieron sus enmiendas a la totalidad a la Ley de Función Pública presentada por el Gobierno valenciano que establece el requisito lingüístico para ser funcionario de la Generalitat.

Como defendió en la tribuna de las Cortes la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, la norma «garantiza que el valenciano sea de obligado conocimiento por todo el personal de la Administración Pública». La dirigente socialista justificó la implantación de esta exigencia en la necesidad de garantizar el derecho de todos los ciudadanos «a dirigirse en el idioma que deseen a la Administración». Además, Bravo indicó que la ley trata de compensar el déficit de conocimiento de la lengua autóctona que "arrastra" el cuerpo funcionarial.

Un argumento que no convenció a la oposición (PP, Cs y Vox) que, en bloque, reclamó que la norma del Gobierno tripartito (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) no iniciara el trámite parlamentario. El texto -amén de reducir los cuerpos de la Administración, crear la Escuela Valenciana de la Administración Pública u obligar a los aspirantes a aprobar al menos un examen para poder entrar en la bolsa- establece que, para participar en los procesos selectivos, es necesario «acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes».

Y es que tras cuatro años de desavenencias entre el PSOE valenciano, que aspiraba a una exigencia más light en función de puesto a ocupar, y los nacionalistas de Compromís, se optó por no concretar qué nivel se exigirá a cada categoría dejando el debate a la elaboración de un reglamento posterior que aún se tiene que negociar entre los dos socios de gobierno. Tal y como se esgrime en la disposición final tercera, el texto definitivo, que se debe aprobar "en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley", se hará a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública (PSOE) pero "previo informe favorable" de la conselleria competente en materia de política lingüística (Compromís).

 
Fuente: https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/10/15/5f871b2bfc6c83a4638b4679.html
 
 
 

Lo que no aparece en la redacción definitiva de la ley es la exención al personal sanitario que se prometió y que sí que estuvo en un primer borrador. Tal y como contó EL MUNDO en su día, la consellera Bravo optó por blinda en la ley al personal sanitario frente al requisito lingüístico. Así, en la disposición final cuarta se establecía que "excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada, primará la garantía de la debida prestación de los servicios públicos en los términos que se determine reglamentariamente". No obstante, esta exención ya no aparece en la norma pese a que algunos de los diputados que incluso participaron en el debate daban por hecho que continuaba existiendo. En esta tesitura, el diputado de Vox José María Llanos llegó a censurar que se obligue a los cirujanos a conjugar verbos antes de operar.

Fuentes de la Conselleria de Justicia admitieron a este periódico que esta exención estaba prevista pero que decidió cambiarse tras un informe del Consejo Jurídico Consultivo que , según la interpretación del Gobierno valenciano, rechazaba concretar en la misma ley la competencia lingüística a acreditar para cada categoría. Con todo, las mismas fuentes señalaron que la intención del Ejecutivo de Ximo Puig es que en el reglamento donde se desarrolle la exigencia lingüística sí que se atienda la especificidad del personal sanitario. Así las cosas, hasta que se elabore el documento definitivo, los médicos no sabrán si para ejercer se les exigirá, como al resto de funcionarios valencianos, saber las dos lenguas cooficiales de la Comunidad.

 

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