València, 30 abr (EFE).- Los colegios de Ingenieros Superiores de la Comunitat Valenciana han consensuado un decálogo de medidas medidas urgentes para reactivar el empleo y la actividad económica, entre las que se encuentran la materialización de un lobby valenciano en Bruselas, la reactivación de la licitación pública, el rearme técnico de las Administraciones, la colaboración público privada o la agilización en la concesión de licencias, autorizaciones y concesiones.
También reclaman el fomento sostenible de la reacivación laboral, un Plan de nuevas infraestructuras públicas y productivas para su urgente ejecución, fomento de la I+D+i, un Plan de pagos a proveedores de bienes y servicios y un Plan de asesoramiento a pymes, según informan las entidades en un comunicado.
A este decálogo se han adherido el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos CV, Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la CV, Ingenieros Químicos CV, Colegio Oficial de Ingenieros Navales, Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Colegio de Ingenieros de Minas de Levante y la Asociación/ Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI y Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana
El documento estipula incide en la promoción, incentivación y publicación de las “guías técnicas oportunas para la implementación de las medidas de control, ocupación, distancias entre personas, medidas higiénicas, de limpieza y desinfección” y los colegios subrayan la necesidad de “un Plan especial para la movilización de recursos humanos”, no solo con medidas económicas sino también con “un verdadero reciclaje laboral”.
Como segundo punto, el decálogo hace hincapié en la licitación pública, donde creen necesario una reactivación de forma “inmediata” y dotación de medios técnicos y humanos, para su aceleración, el fomento de la participación en los procesos de licitación y un Plan normalizado para la resolución de licitaciones estable y con una vigencia “no menor a tres años”.
En tercer lugar, requieren un rearme técnico de las Administraciones, "imprescindible para afrontar la desescalada y la situación posterior a la COVID-19", y en cuarto lugar solicitan un Plan de nuevas infraestructuras públicas y productivas para su urgente ejecución a escala estatal, autonómica, local y de cuencas hidrográficas.
El objetivo es que estas nuevas infraestructuras productivas “deben propiciar la diversificación económica de nuestro tejido empresarial y el incremento de la competitividad del conjunto del sector productivo”.
El escrito demanda en quinto lugar cómo el fomento de la I+D+i debe responder a un interés claro de creación de valor de forma inmediata. “Debemos procurar que una gran parte del talento y el conocimiento –músculo técnico e intelectual- de nuestra sociedad esté enfocado en el corto/medio plazo para servir como motor de recuperación”, señala el decálogo.
Además, se recoge como sexto punto el "total favorecimiento" de la colaboración público-privada, ya que en la situación post COVID-19 se va a requerir la participación de todas las fuentes de financiación posibles.
En séptimo lugar, el documento señala la agilización en la concesión de licencias, autorizaciones y concesiones y su colaboración con los colegios profesionales especialmente en lo referente a licencias de construcción, autorizaciones ambientales y autorizaciones de ámbito urbanístico y de ordenación del territorio.
También la implantación de la gestión telemática de expedientes, el desarrollo conjunto de un canal telemático para establecer consensos técnicos vinculantes y listas de verificación y control de la idoneidad de las actuaciones para unificar su revisión ex post, junto a un Plan de revisión de medios y procedimientos para la concesión de estas licencias.
En octavo lugar, desde todos los colegios de ingenieros superiores se subraya la necesidad de establecer un Plan de pagos a proveedores de bienes y servicios que asegure el pago y no la suspensión de contratos de servicios, y que “permita compensar los impuestos con las deudas que la Administración tiene contraídas con las empresas”. En noveno lugar, la necesidad de un Plan de asesoramiento a pymes a través de “una bolsa de Ingenieros”.
Por último, piden la materialización de un lobby valenciano compuesto por profesionales de reconocido prestigio y experiencia en asuntos públicos que represente y defienda los intereses de la Comunitat Valenciana en Bruselas en la proyección de los sectores productivos en la nueva economía postCovid, la defensa de los sectores productivos y singularidades coyunturales de la Comunitat Valenciana, para la máxima captación de fondos y proyectos del Fondo de Recuperación que se prevé y de los derivados del Pacto Verde Europeo. EFE
