La responsabilidad del Estado en el caso iDental

Más de tres años de actividad. Denuncias continuadas de cientos de pacientes de iDental que ya desde verano de 2016 llegaban a los juzgados. En los colegios de Dentistas también habían saltado las alarmas para entonces, aunque imperaba la prudencia por miedo a ser sancionados por la Competencia, como le ocurrió al Colegio de Dentistas de Álava en 2016. A pesar de ello, en  2017 el Colegio de Odontólogos de Madrid hizo su primera denuncia pública: tenía a un centenar de dentistas investigados, solo en 2017, por mala praxis. Eran 10 veces más de los que había abierto en los últimos años.

Muchos se preguntan dónde estaba el Estado en ese tiempo. Por qué no fue hasta mucho después y cuando la mayoría de las clínicas estaba ya cerrando por problemas de gestión, hace ahora un año, cuando se destapó el escándalo.

La trama iDental contaba entonces con tres años de historia y dejaba unos 200.000 pacientes potencialmente afectados. Muchos de ellos llevaban meses o incluso años tratando de obtener una respuesta a sus reclamaciones, deambulando entre las Consejerías de Sanidad y Consumo sin una respuesta clara, manifestándose frente al Ministerio de Sanidad y buscando el favor de los políticos para que tomaran cartas en el asunto. Quienes conocen el caso, también apuntan a que el bajo nivel educativo, económico y cultural de la mayoría de los pacientes dificultaba en muchos casos que supieran a quién acudir o que tuvieran los contactos necesarios para llamar a determinadas puertas. Nada parecía estar de cara.

Primera reclamación por “funcionamiento anormal de la Administración”

Ahora, un año después de que la Audiencia Nacional asumiera la investigación del caso por delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, se da también la primera reclamación al Estado por inacción. Por omisión del deber de vigilancia que pudiera haber evitado el desastre.

Ha sido Afecade (asociación de afectados de cadenas dentales), quien ha presentado este jueves una “reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración” contra el Ministerio de Sanidad. Lo acusa de “funcionamiento anormal” y responsabilidad por falta de supervisión. “Entendemos que ha habido una falta de supervisión del Estado que debió haber vigilado y controlado a una empresa que acumulaba incontables denuncias”, afirma Ángela de Miguel, socia del despacho de abogados Negotia, el despacho de abogados que ha impulsado Afecade.

El documento señala que la Administración omitió cualquier acción al respecto de la gran cantidad de denuncias a policía y juzgados ni de las reclamaciones ante los colegios de odontólogos o de los propios colegios profesionales, que también alertaron de prácticas irregulares. Dice además, que había una manifiesta “carencia  de materiales por número de clientes” que no estaban, como debieran, “completamente vigilados por la autoridad de inspección competente”.

El documento denuncia que mientras que la Administración no actuó frente a las denuncias de los dentistas, sí lo hizo Competencia, impidiendo a los colegios hacer denuncias públicas. Efectivamente, el Colegio de Dentistas de Álava recibió una sanción en 2016 y ayer mismo el Consejo de Colegios de Dentistas y el Colegio de Odontólogos de la I Región (Madrid y zona centro) afrontaban otro expediente sancionador.

Así, la reclamación recuerda que la Ley protege a los ciudadanos que “tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. Y denuncia que, tras el cierre, “los pacientes “se encontraron totalmente desamparados, no dando las administraciones ningún tipo de solución, e incluso, tardando meses en poder recuperar sus historiales clínicos”.

Otras asociaciones de afectados han pedido también responsabilidades a la Administración dentro del proceso que lleva a cabo la Audiencia Nacional. En Oviedo, Madrid, Alicante o Gerona han enviado sendos escritos a la Fiscalía pidiendo la responsabilidad a las distintas Administraciones.

Incumplimiento legal

A la presunta falta de vigilancia se une otra reclamación reiterada de los dentistas. Que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales. Una norma que prohíbe que pueda montar una clínica dental alguien que no sea dentista. Se pretende así evitar las sociedades de intermediación cuando se presten servicios sanitarios. “Es la única forma de evitar que las clínicas dentales terminen en manos de empresarios que sólo persiguen beneficios o fondos de inversión”, indica Castro.

Además, los dentistas creen que al desastre de iDental también ha contribuido una ley de publicidad obsoleta y el escaso control de los anuncios. “La publicidad sanitaria está absolutamente desatada”, afirma Castro, cuyo Consejo lleva también años reclamando una Ley de Publicidad Sanitaria. Actualmente la regulación de esta publicidad es muy dispersa y recoge que la publicidad debe tener una base científica (ley 44/2003) o, según la Ley General de Sanidad de 1986, que el Estado debe hacer “un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que puede constituir un perjuicio para la misma”, así como la “inspección y control de la promoción y publicidad de los centros y establecimientos sanitarios”.

Por último, los dentistas también piden un control de la plétora profesional. Es decir, del exceso de dentistas, que también relacionan con la proliferación de clínicas marquistas como iDental, que emplean a jóvenes recién graduados y sin experiencia profesional. El número no ha hecho más que aumentar en los últimos años, un 240% en 20 años, al calor de la proliferación de universidades privadas. El resultado es que España tiene tres veces más dentistas de lo que recomienda la OMS.

“Hemos denunciado todos estos problemas reiteradamente a distintas personas dentro de la Administración. Sobre todo porque iDental no es la primera,  ya teníamos antecedentes como Funnydent o Vitaldent. Pero no tuvimos respuesta y ha sido el tiempo el que nos ha dado la razón”, concluye el presidente del Consejo de Dentistas.

 

Fuente: https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2019/06/15/la-responsabilidad-del-estado-en-el-caso-idental/

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