La irrupción de Vox en el Parlamento andaluz ha colocado en el punto de mira las políticas de lucha contra la violencia machista, que hasta hace unos meses disfrutaban de un amplio consenso entre las distintas formaciones. El partido ultraderechista se estrenó en la Cámara reclamando los nombres y apellidos de los expertos de la Junta que elaboran informes psicosociales sobre mujeres maltratadas, que luego se usan como prueba en los tribunales de lo Penal (en caso de denuncias por violencia de género), y también en juzgados de Familia, en litigios sobre la custodia de los hijos. El líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, cuestionó la validez de esos informes atacando a sus responsables desde distintos flancos: acusó a los psicólogos y a los trabajadores sociales de la Junta no estar colegiados, de no estar formados y de dictar sus conclusiones atendiendo a razones "ideológicas" y a un "feminismo supremacista".

El objetivo de Serrano, dueño de un despacho de abogados especializado en combatir la "ideología de género", era "depurar" esos informes y a sus autores. La Consejería de Justicia, donde se ubican estos profesionales, ha decidido tomar cartas en el asunto para dimensionar el problema, si es que lo hubiera. El consejero de Justicia y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín (de Ciudadanos), encargó un informe interno para conocer qué requisitos se exigen a los profesionales que elaboran los informes sobre violencia machista y si todo el personal cumple con ellos, empezando por la obligación de pertenecer a un Colegio Profesional.

La investigación se centra en dos departamentos adscritos a la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta: las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, que evalúan a las mujeres maltratadas; y los Equipos de Familia, que valoran a los menores en casos de custodia compartida. El informe, al que ha tenido acceso este periódico, revela que el 40% de los psicólogos y el 50% de los trabajadores sociales adscritos a estos dos organismos de la Junta "no están colegiados, como exige la ley". El documento no incluye a los médicos forenses, también adscritos a estas unidades, porque es personal que depende del Ministerio de Sanidad, no de la Junta.

La plantilla actual de estos dos organismos la integran 45 psicólogos repartidos por las ocho provincias (27 colegiados y 18 no) y 30 trabajadores sociales (15 colegiados y 15 no). En total son 75 funcionarios, y 23 no estaban colegiados porque "desempeñan sus funciones en las Unidades de Violencia de Género desde mucho antes que la Justicia determinase que la colegiación es un "requisito indispensable" para los empleados públicos" (a través de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013). La Junta, a través de las ocho delegaciones provinciales de Justicia, ha pedido ya a estos 23 profesionales que se inscriban en sus respectivos Colegios Profesionales, y "casi todos han accedido sin problema".

Marín ha entregado esta documentación, provincializada, a todos los grupos del Parlamento, incluido a Vox, que es quien reclamó la información a la Cámara. Sin embargo, el vicepresidente no entregará a la formación ultraderechista el número de colegiación de estos trabajadores, como han exigido, y tampoco "cuestionará" sus informes ni "depurará" a nadie de la plantilla actual. "Estar colegiado para ejercer en la Administración es un requisito legal que deben cumplir todos", explica Marín a eldiario.es, pero también advierte, en velada referencia a Vox, de que "la colegiación es un requisito legal, pero se trata de un trámite administrativo que no cuestiona en absoluto el trabajo de estas personas". "Todos los profesionales de las Unidades de Violencia de Género están licenciados y capacitados para elaborar los informes que realizan sobre mujeres maltratadas", concluye.

Las condiciones de Vox

Vox no ha logrado, de momento, que el Parlamento andaluz le facilite el listado de estos trabajadores. La Cámara legislativa le negó los nombres porque vulneraba la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal, con 12 diputados andaluces, sí ha logrado que el nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno esté diariamente enmarañado con la agenda política de Vox, a quien necesita para sacar adelante los Presupuestos Autonómicos. Las cuentas de 2019 no se van a presentar hasta junio, una vez hayan pasado las elecciones generales y municipales, y probablemente para entonces el contexto político sea más propio para el acuerdo y la negociación. Ahora, de momento, Vox impone vetos al Gobierno andaluz y condiciona su apoyo a que retiren todo el gasto previsto para políticas de lucha contra la violencia de género y Memoria Histórica.

Ciudadanos es, a priori, el socio de Gobierno más esquivo a las demandas de Vox, a quien no se siente vinculado. "Los acuerdos de PP con Vox tendrá que gestionarlos el PP, a mí no me comprometen", insiste Marín. Sin embargo, las Unidades de Violencia de Género están en el ámbito de su competencia, y el conflicto sobre sus trabajadores se ha enredado cuando su departamento ha constatado que el anterior Gobierno socialista venía incumpliendo el requisito legal de la colegiación para los trabajadores de las Unidades de lucha contra la Violencia de Género.

La Ley estatal de Colegios Profesionales de 1974 ya dispone que será "requisito indispensable" para los empleados públicos y para aquellos que trabajan para una Administración "hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente". El Ejecutivo de Susana Díaz era consciente de ello, porque en 2015 solicitó un informe a su gabinete jurídico para aclarar "si Andalucía tiene competencias para eximir de la colegiación obligatoria a su personal funcionario, estatutario y laboral que realiza su actividad profesional al servicio exclusivo de la Administración, cuando esa actividad va destinada a terceros".

El informe, al que ha tenido acceso esta redacción, explica cómo la Junta aprobó dos normas que "invadían" la legislación estatal y se excedían de su ámbito competencial. El artículo 30.2 de la Ley de Medidas Fiscales, Presupuestarias y de Control, de 2001; y el artículo 4 de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía, de 2003. Ambos artículos eximían del requisito de la colegiación a los empleados públicos, pero estas leyes andaluzas fueron recurridas por el Gobierno de José María Aznar, y en 2013 el Tribunal Constitucional anuló los dos artículos, velando por la obligación de estos trabajadores de ser numerarios de un Colegio Profesional. En 2016, la Junta volvió a consultar al Ministerio de Hacienda sobre "qué criterio se viene siguiendo" en cuanto la colegiación de los empleados públicos, y éste respondió por escrito que Andalucía no tiene competencias para eliminar ese "requisito indispensable". Tanto el informe como la carta del Ministerio estaban en los archivos de la Consejería de Justicia. "No es que lo hayamos solicitado a raíz de la petición de Vox", advierten.

Aunque la ley lo establezca, el último informe encargado por el vicepresidente de la Junta ha revelado que no se aplicaba este criterio. "A partir de ahora la colegiación será una cláusula obligatoria que aparecerá de forma explícita en los pliegos de condiciones para externalizar la elaboración de informes sobre violencia de género para la Junta", explican desde Justicia. Para salirse del marco mental impuesto por Vox, Ciudadanos ha anunciado que se reforzará la plantilla de estas las Unidades de Violencia de Género, que pasarán de 51 a 81 profesionales (los 30 nuevos ya entrarán con la colegiación en regla). La idea es que haya dos equipos multidisciplinares en cada provincia (actualmente hay nueve en Andalucía, uno por provincia y dos en Cádiz). El aumento de la plantilla implica el fichaje de siete médicos, siete psicólogos, seis trabajadores sociales y siete administrativos. La Consejería de Justicia cuenta con un presupuesto extra de 700.000 euros, que extraerá de los 3,9 millones de euros que corresponden a Andalucía del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.