La reforma de la Ley de Función Pública y, con ella, la introducción del requisito lingüístico para acceder a una plaza de funcionario en la Administración pública, es uno de los grandes compromisos legislativos del primer mandato del Botànic en la Generalitat.

La obligación de acreditar el conocimiento del valenciano figura en el borrador del anteproyecto de la Ley de Función Pública que, en los próximos días, se volverá a someter a criterio de la Mesa General formada por las consellerias de Justicia y Hacienda y los sindicatos mayoritarios en la Administración.

Sin embargo, Compromís, el socio nacionalista del Consell, comienza a desconfiar del retraso que acumula esta ley y de que el calendario político permita la aprobación del texto en las Cortes Valencianas, una vez haya cumplido los trámites consultivos previos y el Consell remita el proyecto de ley a la cámara legislativa.

Dado que Compromís no quiere afrontar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas sin haber aprobado el requisito lingüístico, su grupo parlamentario ha encargado la elaboración de varias enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2019 con el fin de colar la medida por esta puerta de atrás, un auténtico cajón de sastre que sirve cada año para cambiar infinidad de leyes autonómicas.

Los nacionalistas consideran que tanto el PSPV como Podemos darán respaldo a esta vía de aprobación del requisito lingüístico dado que ya existe un acuerdo político y sindical «cerrado» sobre la fórmula que se va a emplear en la Ley de Función Pública. De momento, sin embargo, ni socialistas ni podemitas tienen noticia de las intenciones de Compromís, que maneja este asunto con discreción y no ha adoptado una decisión definitiva, según explican a EL MUNDO fuentes de la formación que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra.

El Grupo Parlamentario de Podemos ya criticó hace algunas semanas la «timidez» y el retraso de sus socios del Consell en este aspecto: «Valdría la pena preguntar por qué no se ha presentado a trámite la Ley de Función Pública que aprobaría esta cuestión y resolvería las dudas en cualquier ámbito», señaló el diputado César Jiménez.

Para el PSPV, sin embargo, no se trata de una cuestión prioritaria de la legislatura. Tampoco para su sindicato afín, UGT, aunque ni socialistas ni ugetistas se oponen ya al requisito lingüístico con la fórmula pactada en el anteproyecto.

La fórmula «pactada»

El artículo 60 del anteproyecto de la Ley de Función Pública, en el que se contemplan los requisitos de acceso a las plazas de empleo público, establece que cualquier aspirante a un puesto de empleo en la Administración valenciana «deberá acreditar la competencia lingüística en el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes».

La fórmula es la misma que establece la ley balear tras la reforma que impulsó el Gobierno regional de la socialista Francina Armengol. Se fija en ambos casos un marco ajustado a lo que permite la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para luego regularlo en un decreto que ya determina los niveles de exigencia para cada puesto.

Por tanto, la ley contempla un posterior desarrollo reglamentario en el que se afinará con detalle la contundencia con la que se aplica el requisito en el caso de la Administración pública valenciana.

De momento, la Ley de Función Pública admite que, a la hora de hacer el examen de oposición, «el personal aspirante tendrá derecho a elegir libremente la lengua oficial de la Comunidad Valenciana en la que desea realizar las pruebas selectivas, lo que conlleva a su vez el derecho a recibir en la misma lengua los enunciados de los ejercicios».

El último borrador de la norma introdujo un nuevo cambio para preservar la «debida prestación de los servicios públicos» en la Sanidad, por encima de la obligación que puedan tener los funcionarios de acreditar el conocimiento del valenciano. El sector sanitario, por su especialización, merece un trato legal distinto para garantizar que no se produce una «fuga de talento», sobre todo entre el personal médico.

En concreto, la disposición final cuarta establece que, al margen de lo que se disponga en un reglamento posterior sobre el grado de conocimiento exigible a cada nuevo aspirante a funcionario, «excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada, primará la garantía de la debida prestación de los servicios públicos en los términos que se determine reglamentariamente».

Se trata de una iniciativa de la propia consellera Gabriela Bravo (PSPV) que, en contra de lo que informó este diario cuando reveló esta «excepción sanitaria», no contó con la aprobación explícita de la directora general de Función Pública, Eva María Coscollà, nombrada a propuesta de Compromís, ni del secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, ambos defensores de una vía más dura en el requisito lingüístico.

Puchades, militante del Bloc, se ha quejado en privado del «excesivo protagonismo» de Gabriela Bravo en este y otros asuntos en los que, según asegura su entorno, ni siquiera ha sido consultado.

La exigencia del conocimiento del valenciano vendrá determinada reglamentariamente en cada uno de los puestos a los que se opte. Se reclamará el Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixement para el A1 y A2; el Básico para el C1 y el C2; y el Conocimiento Oral para agrupaciones profesionales.

En los tres años largos de la legislatura actual, los decretos que establecen los reglamentos de provisión y selección de puestos del personal público, tanto en la Administración general como para el personal estatuario en Sanidad, no han incluido la obligación de conocer el valenciano. Eso sí, se establece, para la Administración General, que quien no haya acreditado el conocimiento de la lengua asista a cursos para poder hacerlo. Esto no rige para la Sanidad.