Periodistas y poderes públicos

 

24.01.2018 | 04:15

Periodistas y poderes públicos

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, político con alma de periodista que destaca siempre que puede sus años de ejercicio de esta profesión, no ha vacilado en certificar que «sin periodistas no hay democracia». Con idéntica contundencia le hemos escuchado sostener que «necesitamos periodistas democráticos, con libertad para ejercer su labor». En la misma línea, el alcalde de València, Joan Ribó, ha calificado el periodismo «como barómetro para medir la democracia».

Su respaldo verbal al periodismo y a sus profesionales no deja lugar a dudas y resulta digno de reseñar en un día como el de hoy, en el que festejamos al patrón de los periodistas, san Francisco de Sales, por cierto, también conocido como santo de la amabilidad. No obstante, si a las palabras de apoyo los poderes públicos, tanto a nivel estatal como autonómico o local, sumaran más hechos, contribuirían decisivamente a apuntalar este pilar básico de la democracia que Puig y Ribó resaltan explícitamente.

¿Cómo pueden ayudar los poderes públicos al periodismo? Disponen de fórmulas muy diversas. Algunas, más económicas, como impulsar financiación concreta al emprendimiento periodístico o destinar fondos a la renovación tecnológica de medios, sin olvidar las subvenciones directas o los incentivos por la información de carácter social que suministran. Las aportaciones públicas por la difusión del valenciano irían en esa línea, aunque también existen otras vertientes culturales y sociales que fortalecer. Además, y por supuesto, sosteniendo medios públicos y dotándolos de los recursos y la independencia necesaria.

Del mismo modo, las administraciones pueden aportar un respaldo más orgánico e institucional, como promoviendo la creación de colegios profesionales o robusteciendo el cooperativismo y el asociacionismo. Y existe un tercer bloque de medidas de carácter ético, de colaboración y transparencia.

En este último sentido, la Comunitat Valenciana podría despuntar en el ámbito nacional si acordara, en coordinación con las asociaciones profesionales, un protocolo de atención a periodistas y medios. La falta de respuesta ante peticiones de entrevista, la negativa o dilación a ofrecer información sobre cuestiones requeridas, el retraso con el que comparecen en numerosas ocasiones para ofrecer explicaciones sobre un hecho de relevancia que concierne a su área, y un sinfín más de hábitos adquiridos y anacrónicos resultan inadmisibles, en la actual sociedad de la transparencia, para un cargo público.

Este protocolo al que me refiero debería incluir un tiempo máximo de respuesta por parte de las administraciones ante una petición de información, una obligación de participar (que no conceder, término que conlleva una arrogancia fuera de lugar) en entrevistas a los medios que las solicitan, sin desdeñar a los que no considera afines, o una periodicidad de ruedas de prensa para responder a las preguntas que surjan, por poner algunos ejemplos.

Ese compendio regulatorio de atención a periodistas y medios contemplaría, igualmente, una oficina de intermediación y recogida de quejas de los profesionales y una supervisión constante de su cumplimiento, quizás desde la Conselleria de Transparencia. Resultaría deseable que lo suscribieran, previo consenso, todas los grupos parlamentarios y que se sumaran incluso los extraparlamentarios para hacerlo propio. Como recordaba el filósofo francés Blaise Pascal, «el mundo está lleno de buenas máximas, solamente falta aplicarlas».

 

Fuente: http://www.levante-emv.com/opinion/2018/01/24/periodistas-poderes-publicos/1670024.html

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