La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que es la primera vez que el Ejecutivo aprueba un instrumento de esta naturaleza, que sitúa a España “en el liderazgo dentro la Unión Europea y de los países de la OCDE en la buena regulación, la regulación inteligente”.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Gobierno “abre una nueva forma de legislar” que consiste en anticipar sus objetivos y permitir que los afectados y las Cámaras legislativas puedan conocer qué normas se van a elaborar y participar en ellas. De esta  manera se da una mayor transparencia al procedimiento y se tiene una comunicación anticipada con los ciudadanos y los operadores económicos, jurídicos y sociales.

En este sentido, la vicepresidenta ha precisado que con esta medida es posible evitar discordancias entre distintas regulaciones que procedan de distintos ministerios. Asimismo, todos los operadores -los colegios profesionales, las patronales, los sindicatos y las ONG, entre otros- conocerán qué normas les puedan afectar y mandar al Gobierno, con antelación, sus observaciones y sugerencias.

La vicepresidenta ha puntualizado que el plan determina qué normas se planifican (287) y cuáles van a ser objeto de evaluación posterior (43 proyectos normativos).

Soraya Sáenz de Santamaría ha anticipado que el Ejecutivo pretende elaborar 287 normas, de las cuales 9 tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto, y se transpondrán 52 directivas comunitarias. Además, prevé la posible aprobación de otras normas, como las que deriven de los trabajos de las comisiones parlamentarias del Congreso. “Somos plenamente conscientes de que también el Legislativo puede trasladar al Gobierno la necesidad de aprobar proyectos de ley”, ha dicho.

La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno iniciará o continuará la redacción de esas normas y que en su tramitación mantendrá contactos con los distintos partidos políticos, por lo que algunas se materializarán en leyes y otras no, en función de si existe o no acuerdo.  “El plan no es rígido, es posible que a lo largo de la legislatura se plantee la necesidad de aprobar otras normas”, ha subrayado.

Una de las prioridades del Gobierno es modificar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, según ha apuntado la vicepresidenta, quien también ha destacado la ley de menores sin alcohol y el desarrollo de la ley del voluntariado.

Sáenz de Santamaría también ha indicado que la protección del medio ambiente recibirá un impulso con la redacción de la ley de cambio climático y transición energética y con la ley de reducción de gases de efecto invernadero. En materia de protección de derechos, habrá modificaciones en los códigos Civil, Mercantil y Penal, en las leyes de enjuiciamiento Civil y Criminal, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, la vicepresidenta ha avanzado que se modificará la ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y se regularán determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Asimismo, se aprobarán reglamentos de desarrollo de la ley de transparencia y de la de derecho de asilo.

En el ámbito financiero, Soraya Sáenz de Santamaría ha citado la ley de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero, la transposición de una directiva reguladora del Mercado de Valores y la modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades. En el ámbito financiero, ha resaltado la modificación del sistema de financiación autonómica y de la ley reguladora de las haciendas locales, así como la aprobación de las leyes de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los años 2018 y 2019.

 

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