En defensa del Derecho Civil Valenciano

 

09.08.2017 | 00:11

En defensa del Derecho Civil Valenciano

 

Independientemente de los sucesivos colores políticos con los que se han ido vistiendo los distintos gobiernos de Madrid desde la instauración de la democracia, la Comunitat Valenciana ha sido invariablemente un asunto secundario y prescindible en las agendas de prioridades de los gobernantes de turno, imbuidos todos ellos sin duda por el mito interesado y falaz del Levante feliz, por esa imagen tópica, festiva y complaciente que, por eso mismo, no merece mayores atenciones. El tan cacareado ´poder valenciano´, que se repite cada vez que se produce algún vuelco electoral que trae consigo un cambio de inquilino en el palacio de la Moncloa, siempre se ha visto reducido con el correr del tiempo a una mera entelequia, a una formulación vacía de contenido real.

Esta actitud ha sido compartida por los grandes partidos con mando en plaza, es decir, en Madrid, mientras que sus respectivas sucursales valencianas se plegaban una y otra vez a las órdenes de sus superiores, órdenes que impartían invocando unos supuestos intereses generales cuya posterior plasmación en la realidad ha ido corroborando la existencia en este país de ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera categoría. Los valencianos nunca hemos pretendido ser más que nadie, pero tampoco debemos aceptar ser menos que la mayoría.
Los agricultores, los socios de AVA-ASAJA, nos sentimos íntima y estrechamente comprometidos con nuestra tierra. Para nosotros ese compromiso constituye un principio irrenunciable. En primer lugar, porque creo que no pecaré de presuntuoso si afirmo que el sector agrario ha contribuido de manera decisiva a la prosperidad de este territorio e incluso a la conformación de su idiosincrasia más atávica y esencial; y en segundo término porque somos conscientes de que es la sociedad en su conjunto la que debe avanzar unida y nosotros queremos contribuir de forma decida a su crecimiento.

En este sentido, quizá resulte atinado señalar que de algún modo los propios valencianos tenemos también nuestra propia cuota de responsabilidad en esa postergación por no haber sabido hacernos valer ante aquellos que toman las decisiones de verdadero peso. Nuestras dificultades endémicas para articular acuerdos de mínimos a los que sí han sido capaces de llegar otras comunidades, así como nuestra contención para dar un buen golpe sobre la mesa cuando las circunstancias lo hacían aconsejable contribuyen a ello. Y así nos va, claro.
Un caso singularmente llamativo de estas disfunciones históricas que padecemos lo encontramos en la inaudita situación del Derecho Civil Valenciano. Las bases de dicho ordenamiento jurídico fueron recuperadas 300 años después de la batalla de Almansa por Les Corts Valencianes en el marco de la reforma del Estatuto del año 2006. Pues bien, a los presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, socialista y popular, respectivamente, no les dolieron prendas a la hora de recurrir las leyes de Régimen Económico Matrimonial, Custodia Compartida y Uniones de Hecho por considerar que el Estatuto Valenciano no nos habilitaba para regular determinados asuntos.
Los fallos del Tribunal Constitucional contra nuestras leyes forales fueron fulminantes y dejaron reducido nuestro Derecho Civil a la Ley de Contratos Agrarios del año 2013, pero sin posibilidad alguna de legislar en materias tan destacadas como las uniones de hecho o la sucesión de la empresa familiar. Lo sucedido contrasta poderosamente con la situación de otras 6 comunidades autónomas que disponen de su propio derecho civil, materializado incluso en sustanciosas ventajas fiscales de las que solo son beneficiarios los ciudadanos de las zonas en cuestión.
Ese y no otro es el panorama, una muestra más de que las quejas de los valencianos por el tratamiento sistemáticamente discriminatorio que se nos dispensa están más que justificadas. Por eso, porque los agricultores de AVA-ASAJA nos sentimos valencianos hasta la médula, queremos sumarnos a la iniciativa de los colegios profesionales de la abogacía valenciana y de la Associació de Juristes Valencians para recuperar la capacidad normativa en materia de derecho civil por parte de la Comunitat Valenciana, tal como establece su Estatuto de Autonomía, una petición a la que se han adherido, y no está de más recordarlo, casi 200 municipios valencianos.

Aprovechamos esta tribuna para reclamar también a todos los partidos políticos con representación en Les Corts que tomen cartas en el asunto y ejerzan de valencianos que es, en definitiva, para lo que han sido elegidos. Ni más ni menos. Porque resulta que los valencianos tenemos una deuda pendiente desde comienzos del siglo XVIII, cuando un rey absolutista nos arrebató los fueros utilizando las armas y mientras que a otras comunidades como Cataluña, Aragón o Mallorca sí les fueron devueltos nosotros seguimos esperando.

Queremos sentirnos plenamente parte de España y para ello, además de tratarnos con mucha mayor equidad y justicia en temas clave como la financiación o las infraestructuras, tienen que restituirnos aquello que nos quitaron hace tres siglos. De lo contrario, al final resultará cierto aquel dicho popular que reza «quan el mal ve d´Almansa a tots alcança» y aquí llevamos ya demasiado tiempo pagando las secuelas y consecuencias de una mentalidad muy arraigada en la meseta y que se resiste a desaparecer. Estamos hablando, sencillamente, de defender nuestra dignidad como pueblo y eso es algo que debe estar muy por encima de intereses espurios y miradas cortoplacistas.

 

Fuente: http://www.levante-emv.com/opinion/2017/08/09/defensa-derecho-civil-valenciano/1602741.html

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