La arquitectura es una profesión en profunda crisis. Esta aseveración es producto no solo de las circunstancias sociales, políticas y económicas que nuestra sociedad atraviesa y que están llevando a la perdida de la figura del arquitecto como profesional liberal, para inscribirlo como un asalariado más, perdiendo con ello libertad de pensamiento y por supuesto de acción.

Parte de esta situación viene del efecto negativo que ha tenido en nuestro caso la convergencia europea a la baja, en una Europa donde la profesión no está homologada de manera unitaria; es complejo explicarlo, pues en ello ha influido la propia génesis de la enseñanza de la arquitectura como hija de las Bellas Artes en unos casos, sin una fuerte componente técnica, como ocurre en algunos países, es el caso de Italia o Francia, frente a las formaciones académicas más integradas en una tradición politécnica propia del mundo anglosajón, justamente en la que extrañamente nos inscribíamos hasta hace unos años. Cuestión que han tocado, espero no sea de muerte, a la profesión en España. Gran parte de la culpa la tenemos por un lado la manera de ser como pueblo, pues esa convergencia y aplicación de rodillo no ha surtido efecto en países como Alemania o Bélgica, que han mantenido ciertas cotas de independencia en determinados aspectos laborales y profesionales.
Los arquitectos españoles poco solidarios entre si, fácilmente vendidos por políticos entreguistas, y escudados tras un Colegio que perdió en determinado momento papel social y político ha renunciado a parcelas que nunca, como heredero en parte de un sindicato gremial, no debiera nunca haber cedido. Aunque hay que matizar la labor que están llevando -con gran esfuerzo- compañeros de las asociaciones territoriales, más próximos a los colegiados, intentando abrirlo y sacarlo del anonimato, frente a un problema que radica quizás en el Consejo Superior de Arquitectos, tímido en la defensa de dignificar la profesión en momentos tan difíciles de cambio.

Organismo que encaja fracaso tras fracaso en una gestión donde es evidente la falta de eficacia. Un ejemplo de la indefensión la podemos tener en dos ejemplos, ambos presentes en la obra pública, la cual precisamente debiera ser ejemplo de disciplina y calidad en su proceso de selección y ejecución. En ella encontramos dos temas definitorios de la decadencia.

Por un lado, la perversión de haber permitido separar en la práctica habitual de la contratación proyecto y dirección de obra, sabido que esto son fases es una unidad; manejo de la Administración para sus apaños económicos. Acto de barbarie arquitectónica y demostración palmaria de la incultura de quienes nos dirigen, ofensa que no debiéramos jamás haber admitido y sobre lo que yo, al menos, no he oído decir nada a nuestro Colegio.

Por otro parte, la valoración de los proyectos en los concursos, en los cuales priman dos aspectos antisociales y discriminatorios para las nuevas generaciones de arquitectos: la baja económica y las condiciones abusivas para poder presentarse, aspectos que son generalmente definitorios en la selección de un proyecto. Ello implica que el Estado (la administración en general) elige el proyecto más barato, no el mejor. Con lo cual tenemos posiblemente un proyecto mediocre seleccionado y quizás más caro de construir o peor resuelto. Producto de una Ley de Contratos del Estado frente a la cual no es plan de presentar, como parece que así ha sido, una enmienda tras tantos años, cuando se debiera haber levantado la voz en su momento. Otra cosa es definido el proyecto y quien lo dirige, buscar la empresa que ese proyecto lo construya con mejor baja.

El abandono de los colegios profesionales por parte de las nuevas generaciones, ajenas a la propia profesión –con un paro que llega a cotas de vergüenza- se une la problemática de la enseñanza de la arquitectura, acrecentada exponencialmente en los últimos años, y que arrastra una problemática en ocasiones casi inenarrable, tanto en la pública, como en la privada, en un país donde han florecido excesivas Escuelas.
Donde quizás por razones de prestigio de las propias universidades o por justificar un plantilla en ocasiones desfasada, se busca llenar las aulas de jóvenes ilusionados a los que se inculca una esperanza que en demasiadas ocasiones, por ser suave, no son ciertas, ni por el papel con el cual se presenta al profesional en la sociedad, ni por la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo.

El panorama siento sea desolador, aunque no hay que tirar la toalla y es el momento de aunar fuerzas, e incluso decir «basta» a tanta iniquidad y desprecio por la arquitectura. Un aire de cierta frescura permite respirar -hasta saber cómo se resuelven ciertas cuestiones-; es el caso de la propuesta del Colegio de Castilla-León sobre su crítica a los contratos públicos, o la ley de Arquitectura del Parlament de Catalunya, cuestiones que el resto del Estado deberíamos poner en práctica lo antes posible, y sobre lo cual nuestro Colegio debiera pronunciarse públicamente cuanto antes y buscar los apoyos políticos necesarios para que se debata el tema en las Cortes Valencianas.
La arquitectura es importante, cuidémosla, pues vivimos rodeados de arquitecturas y en ellas y los paisajes que define nos identificamos como pueblo.