Dudas de las empresas ante la ley de firma electrónica

 

El pasado 1 de julio entró en vigor la nueva normativa española sobre firma electrónica y otros servicios de confianza. Los cambios son fruto de un nuevo reglamento de la UE, que ha dejado margen a los estados para desarrollar ciertos aspectos de la normativa. En el caso de España, se ha hecho mediante una nueva ley que, en opinión del sector, es mucho más restrictiva que la que existe en otros países europeos, lo que, en su opinión, dará ventajas a sus competidores que tienen su sede en el extranjero. El reglamento de la UE permite que cualquier empresa que haya sido homologada por el Estado donde tiene su sede pueda operar en cualquiera de los 28 países que forman la UE.

Las reformas se deben a las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología a la hora de firmar electrónicamente un documento. Hasta ahora los sistemas que se utilizaban eran físicos:los lápices de memoria, los lectores de tarjetas criptográficas y los módulos de seguridad que se instalaban en las torres de los ordenadores. Todos ellos pasarán a la historia a partir de las firmas en la nube.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Italia, el Ministerio de Industria todavía no ha homologado ninguna firma en la nube. "El Estado está siendo muy cauteloso", explica Teresa Granda, letrada del Consejo General de la Abogacía Española.

Firmaprofesional es un prestador de servicios participado por la patronal catalana de pymes Pimec, varios colegios profesionales de Cataluña y el Consejo General de Colegios de Economistas de España. Su director general, Xavier Tarrés, pide celeridad al Ministerio de Industria, y considera que está actuando de una forma demasiado "rígida".

"Las empresas estamos preparadas para ofrecer desde ya la firmas en la nube, pero si el Ministerio no da ningún paso, empresas de otros países ocuparán el mercado, y tampoco podremos salir al exterior para competir", lamenta Tarrés. "Se nos están poniendo barreras", agrega.

Tarrés recalca que la firma electrónica es un sector en auge, abierto a la competencia desde hace más de 15 años. En la actualidad, operan diferentes prestadores, que ofrecen certificados digitales para personas físicas, empresas y administraciones públicas.

Identificación

A través de varios mecanismos que criptografían la información, los certificados identifican a sus usuarios, permiten firmar y cifrar de forma segura cualquier tipo de documento electrónico. De esta forma, se pueden hacer operaciones telemáticas diversas "con el mismo valor que una firma manuscrita", explica Granda.

El sector en España lo forman prestadores estatales -como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Policía Nacional-, instituciones autonómicas -como Administració Oberta de Catalunya o la vasca Izenpe- y empresas privadas. Buena parte de estas últimas están vinculadas a colegios profesionales y entidades sectoriales.

Xavier Tarrés indica que el sector seguirá creciendo, ya que "a partir de 2018 deberán contar con firma electrónica entidades sociales, autónomos y comunidades de vecinos".

Más garantías para la libre competencia

La mayoría de empresas que operan en el sector presentaron conjuntamente en la pasada primavera una batería de alegaciones a la nueva legislación española, donde pidieron al Gobierno central más mecanismos para garantizar la "libre competencia". Como explica Xavier Tarrés, el hecho de que la nueva normativa estatal establezca que el DNI electrónico debe ser reconocido por todos los prestadores sitúa a su emisor, la Policía Nacional, en una posición de privilegio. "Es una restricción a la libre competencia" que contradice el espírtiu de la normativa europea, señala. Estas empresas también discrepan que los emisores públicos de certificados digitales sean eximidos de contratar un seguro, lo que les permitirá ofrecer unos precios más competitivos. Otra de las novedades de la normativa comunitaria es que los prestadores deberán someterse a auditorías cada 24 meses por un organismo independiente de evaluación, y que las propias compañías deberán sufragar con los gastos que genere el proceso de supervisión.

 

Fuente: http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/07/05/595d1dc8e2704eef468b4610.html

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