Competencia lingüística y empleo público valenciano

El pasado septiembre de 2016, publiqué en las páginas de Levante-EMV un artículo de opinión donde manifestaba la posición de la Federación de empleados de los servicios públicos de la UGT (FeSP) sobre la necesidad de que en la nueva Ley de Empleo Público Valenciano deberían reglarse los niveles mínimos de competencia lingüística en valenciano. Niveles que las empleadas y empleados públicos valencianos deberían acreditar con el fin de garantizar que cualquier ciudadano de nuestra comunidad autónoma puda dirigirse a nuestra administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales, el valenciano y el castellano.

Me refería al uso político que en su día se hizo de nuestra lengua por parte de una derecha muy reaccionaria en la llamada batalla de Valencia y cómo, desde que el PP alcanzara el gobierno de la Generalitat, no se ha hecho ningún esfuerzo para normalizar el uso del valenciano en las administraciones públicas valencianas. Con la llegada de Ximo Puig a la Presidencia de la Generalitat, era lógico que desde los sindicatos exigiéramos que se corrigiera esa anormalidad histórica; somos la única comunidad autónoma con dos lenguas oficiales que no tiene normalizado el uso de las mismas en su administración.

Al mismo tiempo, hacía un llamamiento a la necesidad de abordar este asunto con la máxima amplitud de miras, sin sectarismos. De lo que se trata es de normalizar el uso del valenciano, no de reabrir una guerra estéril que acabe perjudicando otra vez a la lengua de las y los valencianos.

Como punto de partida se deberían establecer tres niveles básicos de conocimiento del valenciano. Uno, el oral para las agrupaciones profesionales funcionariales; el elemental, para todos aquellos puestos que tengan relación con la ciudadanía, donde se acredite la capacidad de comprensión de cualquier texto escrito, de participar en cualquier conversación y una capacidad elemental pero suficiente para responder en aquellas actividades lingüísticas más frecuentes en su trabajo; y un tercero, el mitjà, que se aplicaría a los puestos de trabajo que requieran un conocimiento más técnico del valenciano. Las RPT´s en cada ámbito determinarán el nivel de valenciano exigible para cada puesto y qué puestos quedan excluídos.

La ley de Empleo Público Valenciano para la FeSP-UGT es mucho más que la ley que regule el uso del valenciano en las administraciones. Es posible que alguno se contente solo con eso, pero nosotros somos mucho más ambiciosos, aspiramos a participar en el diseño de una nueva ley que ponga las bases de la mejor Administración española, transparente, donde se garantice el acceso a la función pública con los principios de publicidad, mérito y capacidad que requiere nuestra Constitución, donde se evalúe al personal, donde se le forme continuamente y donde el IVAP se convierta en una verdadera escuela de la administración que sea referente en España y Europa.

Sobre estas bases se podría alcanzar rápidamente un acuerdo que facilitaría la tramitación de la Ley de Empleo Público Valenciano y avanzar hacia un modelo de administración pública al servicio de la ciudadanía, moderna y eficaz. A ello emplazamos a todos, Administración y sindicatos. Es un momento histórico que no podemos desaprovechar.