El Gobierno se equivoca con el anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales

J. PAREJO | ACTUALIZADO 21.10.2013 - 09:30

 

Los decanos y presidentes de los colegios se reunieron en la sede de los administradores de fincas.

 

El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que está redactando el Gobierno trae de cabeza a muchos colectivos que alertan del peligro y de la merma en la calidad de los servicios que va a producir. Éste es el caso de los administradores de fincas, en cuya sede sevillana se celebró hace unos días un encuentro de todos los colegios que se verían afectados por la nueva norma para analizar la situación y adoptar una postura común. El presidente de los administradores de fincas de Sevilla, Rafael del Olmo, es claro y alerta del grave perjuicio que supondría la aprobación de la ley: "Para nosotros es un problemón. Consideramos que va a suponer un grave perjuicio para los ciudadanos. En la exposición de motivos para justificar la ley dice que la liberalización va a suponer un ahorro para los ciudadanos, pero no va a ser así".

 

Tal y como está ahora mismo redactado el anteproyecto, el colegio no podría solicitar al colegiado que contrate un seguro de responsabilidad civil. "Por ejemplo, nosotros pedimos que se nos permita ofrecer al colegiado el seguro que nosotros le ofrezcamos o el que él quiera, pero que no carezca de seguro". El presidente del colegio sevillano afirma que el Gobierno piensa que este abaratamiento va a repercutir en el precio final, aunque no será así: "Por el hecho de que se abarate el coste del servicio se piensa que también lo hará en el mismo grado el coste del servicio. Y no será así".

 

Ante este panorama todos los colegios profesionales están inmersos en una "lucha frontal" contra este anteproyecto de ley que lo que va a generar -aseguran- es "un caos en la prestación de los servicios profesionales como nunca antes se había visto en este país".

Los profesionales explican que se va a pasar de un escenario en el que es obligatoria la colegiación para ejercer un servicio profesional a prácticamente no existir requisito alguno. Algo que censuran: "El Gobierno no nos puede decir que se trata de una exigencia europea, porque la colegiación obligatoria sigue existiendo en Bélgica, por ejemplo. Y en el resto de países de nuestro entorno existen más o menos requisitos que hacen que los profesionales sean verificables para los ciudadanos. Aquí no va a haber nada".

En ese primer encuentro que mantuvieron en el Colegio de Administradores de Fincas, más de una docena de decanos y presidentes de colegios profesionales -abogados, administradores de fincas, aparejadores, farmacéuticos, procuradores, graduados sociales, ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones, peritos industriales, veterinarios, químicos, agentes de la propiedad inmobiliaria, ingenieros técnicos de telecomunicaciones, ente otros- defendieron la necesidad de mantener la colegiación, además de insistir, por otro lado, en que lo que caracteriza a los colegios profesionales "es su rigor e independencia política como corporaciones de derecho público, y consideran que con el anteproyecto de Ley dicha independencia se eliminaría, lo que redundaría en una disminución de los derechos fundamentales de la ciudadanía".

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