Revolución en los colegios profesionales

 

MARIANO ROSA 13/10/2013

 

En plenas vacaciones de verano, el 2 de agosto, el Gobierno presentaba un anteproyecto para regular la actividad de las profesiones liberales. El marco legal del año 1974 aún sigue vigente en determinados aspectos, mientras que otros fueron retocados en la Ley Omnibus, promulgada en el 2009. Los servicios profesionales generan casi el 9% del PIB y suponen cerca del 6% del empleo total de España. En este texto legal se recoge que será obligatoria la colegiación para ejercer las profesiones relacionadas con la salud --médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas--, y para ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos y otros posibles técnicos, en un colegio competente por cada materia. También se menciona la colegiación obligatoria, aunque con matices, para abogados (según acudan o no a los tribunales), procuradores, graduados sociales y notarios y registradores. Algo no muy bueno debe tener el articulado cuando todos los consejos de colegios profesionales han presentado alegaciones. El intervencionismo de la Administración y las incompatibilidades son dos de los argumentos que esgrimen en contra estas corporaciones de derecho público. La intención del Ejecutivo es "fomentar la competencia en este segmento del sector servicios", según reza en el preámbulo.

Procuradores: los que salen peor parados

El único colectivo que se ha movilizado (tímidamente) hasta el momento ha sido el de la procura. Y es que sus competencias se ven seriamente mermadas.

El anteproyecto permite a los abogados asumir funciones de representación y tramitar notificaciones ante los juzgados y elimina los aranceles, lo que supone que los honorarios deberán ser acordados con el cliente.

La decana en Córdoba, Marisol Capdevila, señala que se dará "un paso atrás de 30 años", pues se apunta a la desaparición de esta profesión tal y como hoy la conocemos. Los aranceles "cumplen una función social y no han subido ni el IPC desde el año 2001", y considera que cuando se tengan que acordar los honorarios con el cliente "se va a encarecer el procedimiento" judicial. A esto se suma que si los letrados asumen competencias de los procuradores "habrá de modificarse la Ley de Enjuciamiento Civil".

Farmacéuticos: castigo económico

En el texto legal se observa "el excesivo intervencionismo por parte del Estado", que se traduce en que las juntas de gobierno de los farmacéuticos "se quedan fuera de las comisiones deontológicas". Práxedes Cruz, presidente de la entidad colegial, apunta que en una de las disposiciones "se nos amenaza otra vez con la revisión del decreto por el que se establecen los márgenes en los medicamentos". De esta forma "se castiga a la oficina de farmacia a nivel económico cuando estamos en el límite". En el lado positivo se encuentra la colegiación obligatoria, "que garantiza un servicio profesional cualificado, y también me parece un acierto que se conserve la reserva de propiedad y titularidad de la oficina de farmacia".

Ingenieros industriales: recortes e injerencias

Su presidente, Jesús Paniagua, señala que el colegio "garantiza la seguridad de los visados de los proyectos, que se realizan por técnicos competentes". En el momento en que "se elimine la figura de los colegios este control desaparece" y destaca que "la Administración no hace un control sobre la seguridad en obras y proyectos". Por otro lado, "ya no hay obligatoriedad de colegiación", excepto para los ingenieros que visen proyectos", de ahí que esta iniciativa del Gobierno "no tenga sentido".

Ingenieros agrónomos: menos ingresos

De convertirse en ley, los colegios de ingenieros agrónomos verán "una enorme pérdida de ingresos por los visados" de proyectos. Su delegado en Córdoba, (provincia que aporta más de 400 profesionales del millar colegiado en Andalucía), Daniel Pizarro, apunta que "los visados suponen una garantía para el contratante porque se garantiza que ha sido elaborado por un profesional cualificado" y respaldado por un seguro de responsabilidad civil. "Eso desaparece y solo se necesitará el visado si el cliente lo pide o figura en un listado" de la Administración para determinados proyectos. A ello se suma la "indefinición muy importante" del concepto colegio y que al no haber obligatoriedad de colegiación "no sabemos cómo se va a ordenar el ejercicio de la profesión".

Graduados Sociales: tal y como ahora

La profesión jurídica que menos se verá sacudida por estos cambios es la de graduado social, según su presidente, Daniel Ojeda. "Nos quedamos tal como estamos, con colegiación obligatoria y sin que el colegio pierda competencias", señala, aunque "los miembros de la junta de gobierno tendrán incompatibilidad para el ejercicio de cargo público". A estos profesionales "nos aprietan en las cuentas, en la forma de presentarlas y en que los presupuestos sean transparentes".

Dentistas: no a lasincompatibilidades

La colegiación obligatoria "es la única manera de poner orden en la profesión", subraya Rafael Roldán, presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, con unos 370 profesionales inscritos, quien ve la ley como "positiva". Pero "debe incluir dónde tiene el dentista su actividad principal, bien sea donde tenga más volumen de trabajo o presente la declaración de la renta" a fin de conocer y clarificar quiénes ejercen en una zona. "No puede quedar en el aire el concepto de colegiación única, eso debe aclararse", insiste Roldán. También ve positivo el control de las cuentas, pero en cambio no está de acuerdo con las incompatibilidades porque "no se define bien el ejercicio de cargo público". El anteproyecto le parece que "está enfocado solo y exclusivamente al impacto económico de los colegios, aunque lo más importante sea responder a las demandas de los usuarios".

Arquitectos: igual envisados y controles

Los colegios "nacieron en los años 20 para poner orden porque hay una serie de responsabilidades en seguridad, ordenación de la ciudades y medio ambiente que los arquitectos cumplimos", según su presidente, Felipe Romero. Más daño hizo a este colectivo la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) y en menor medida la Omnibus --"que fue un gol"--, pero la que viene "nos deja como estamos ahora". El visado seguirá siendo "una garantía de que quien paga un proyecto busca un profesional cualificado respaldado en su responsabilidad". Al colectivo no le "asusta el control de la Administración. Estamos acostumbrados y además los exigimos", subraya Romero.

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