Los colectivos que pierden la colegiación alertan del coste socioeconómico

12/10/2013 EFE Madrid, 12 oct (EFECOM).- En declaraciones a Efe, el secretario técnico de la Unión Profesional -que aglutina a casi 1.000 colegios profesionales territoriales-, Gonzalo Múzquiz, explica que esa medida afectará a la exportación, a la importación y al valor de producción de las cosas y calcula que podría tener un impacto negativo sobre el PIB de 3.317 millones de euros en cinco años. El anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto y en las próximas semanas se enviará a las Cortes para su tramitación parlamentaria, una vez estudiadas las alegaciones formulas por los colectivos implicados. Frente a las críticas de los profesionales, el Ejecutivo estima que esta norma generará un impacto positivo cercano a 7.000 millones de euros a medio y largo plazo, al eliminar restricciones, reforzar la transparencia e impulsar la competencia y la calidad en un sector que supone casi el 9 % del PIB, el 6 % del empleo total y el 30 % del empleo universitario. Por el contrario, la Unión Profesional calcula que unos 616.000 profesionales se verán afectados directamente por esta ley, que tampoco agrada a los colectivos que mantendrán la colegiación obligatoria puesto que la consideran una injerencia de la Administración en la gestión de los colegios profesionales. Múzquiz subraya además los costes sociales de la norma, ya que considera que "cuando a un organismo se le quita independencia se le desvirtúa como institución, y al final las instituciones degradadas hacen que el sistema se vea afectado negativamente". Según la nueva norma, la colegiación obligatoria quedará para médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, ópticos y podólogos en el ámbito sanitario, así como para abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios en el ámbito jurídico. Asimismo se establece la colegiación obligatoria para las profesiones técnicas que realicen actividades para las que se exija visado, que se engloban fundamentalmente en el ámbito de la edificación y el manejo de explosivos. De esta forma se quedarán fuera la mayoría de los ingenieros se quedarían fuera, según Múzquiz. Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, Antonio Zapardiel, ha explicado a Efe que el anteproyecto "origina un agravio con otros profesionales" en el caso de los químicos, ya que establece la colegiación obligatoria para médicos o farmacéuticos pero no para su colectivo. Con todo ello, ha reconocido que la norma tiene aspectos positivos como la transparencia o el buen gobierno de las instituciones colegiales, aunque ha asegurado que algunos colegios ya incorporan esas buenas prácticas. El secretario del Consejo General de Gestores Administrativos de España, Miguel Ángel Vilches, ha asegurado a Efe que los ciudadanos van a resultar perjudicados por esta norma, porque "habrá más fraude y más engaño". En este sentido, ha explicado que muchos clientes pueden encargarle trabajos a personas supuestamente cualificadas y que en realidad no lo están, algo que puede ocurrir en el caso de los gestores administrativos si su actividad se elimina de entre las que requieren colegiación obligatoria. Asimismo, Vilches ha destacado que su profesión es la única de las reguladas en España que tiene obligación de colaborar con la Administración Pública y que, por ello, ésta ha delegado determinadas competencias en los colegios de gestores. No sólo las profesiones excluidas de la colegiación obligatoria han mostrado su rechazo al anteproyecto del Gobierno, sino que también otros colectivos se han quejado de que esta medida supone una amenaza para la autonomía de los colegios profesionales. En este sentido, la Organización Médica Colegial (OMC) ha advertido de la necesidad de rectificar los aspectos relacionados con la territorialidad de la colegiación, al tiempo que se ha quejado de un "excesivo intervencionismo por parte de la Administración que pone en riesgo la independencia de las corporaciones". EFECOM

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