Los procuradores se movilizan en Granada contra la ley de Colegios y Servicios Profesionales

 
 
El Consejo General de Procuradores de España ha iniciado hoy una campaña de movilizaciones contra el anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales aprobado por el Consejo de Ministros al considerarlo perjudicial para la ciudadanía en general y este colectivo profesional en particular.
El vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, Javier Carlos Sánchez, que ha presentado esta campaña en Granada, ha señalado que son dos los motivos fundamentales que han llevado al colectivo a movilizarse.
Uno de ellos es el cese de la incompatibilidad en el ejercicio de la profesión entre abogado y procurador que propone el anteproyecto.
En virtud de la ley planteada por el Gobierno, un abogado puede ejercer las funciones de representación de un procurador y éste las labores de defensa del letrado, según Sánchez.
El otro es la supresión del arancel de derecho de los procuradores, que el colectivo considera un arancel de "carácter social" que garantiza, según Sánchez, la protección del usuario "sin perjuicio de que en procedimientos puntuales de elevada cuantía sea precisa su reforma".
"El Ministerio de Economía se ampara en que es una exigencia de Europa, cuando lo único que ha pedido Europa es información, dentro de un proyecto, sobre los procuradores y su función", asegura.
Los procuradores entienden que la aprobación de la ley conllevaría consecuencias "graves", tanto para la ciudadanía como para la administración de Justicia, dado que aumentaría los costes con la implantación de servicios que "funcionarían por duplicado".
"Un coste que parcialmente venimos sufragando en silencio los procuradores desde el año 2000 y con resultados muy efectivos en materia de actos de comunicación", ha señalado.
Los procuradores manejan a lo largo del año "más de 50 millones (de comunicaciones) sin coste para el Estado y con total eficacia", según el vicepresidente, que ha advertido también de la pérdida de estabilidad en el empleo que conllevaría la aplicación del anteproyecto entre este colectivo, integrado en España por 10.300 trabajadores, mayoritariamente mujeres, frente a 140.000 abogados.
El colectivo critica también la "incoherencia legislativa" que supone el hecho de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado mes de mayo el anteproyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se incrementan las funciones del procurador, y Economía legisle ahora de esta manera.
El colectivo ha presentado hoy en Granada una campaña pública de movilizaciones que se suma a la recogida de firmas emprendida por el colectivo y con la que ya han recabado 40.000 apoyos.
Los procuradores no descartan recrudecer las movilizaciones si el anteproyecto de ley sigue adelante.
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