El Gobierno forzará a los colegios profesionales a elevar los cupos de mujeres en sus cúpulas directivas
El Gobierno forzará a los colegios profesionales a elevar los cupos de mujeres en sus cúpulas directivas
El Gobierno ya tiene nueva meta: una fuerte incorporación de mujeres en las cúpulas de los colegios profesionales en poco más de dos años.
Carlos CuestaSeguir a carloscuestaEM
La política de discriminación positiva en favor de la entrada de la mujer en los centros directivos prosigue. Y el Gobierno ya tiene nueva meta: una fuerte incorporación en las cúpulas de los colegios profesionales en un plazo de poco más de dos años. Desde los colegios de abogados, hasta los de economistas, arquitectos, médicos o cualquier otro ente similar deberá contar con esta exigencia femenina a lo largo de los próximos meses.
"Compromiso con la igualdad real de oportunidades", así lo denomina el Gobierno. Se trata del primero proyecto de la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo -sustituta de Irene Montero-.
Redondo defiende este proyecto porque se impulsa, dice, "en un momento especialmente duro", en referencia a las cifras de violencia machista bajo las leyes de este mismo Gobierno. Para Redondo, hay que "remover ese machismo estructural". Y, según ella, la forma más "justa" pasa por incorpora "a la mitad de la población a todos los niveles de toma de decisiones". Es más, según la nueva ministra, es lo más "eficiente" porque "no hay una democracia avanzada ni una economía sólida que pueda prescindir del cincuenta por ciento del talento".
La titular de Igualdad no ignora que la iniciativa ya se presentó en mayo y que frustró su avance por la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales. Pero considera, pese a ello, que es un proyecto decisivo porque "es una declaración de intenciones" de los objetivos de la nueva legislatura. "Un mandato en el que vamos a profundizar en derechos y libertades para todas y todos, en el que vamos a agrandar la democracia española", dice.
La norma, en la que han participado varios ministerios, cuenta con los informes favorables del Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y, por otra parte, no se ha conformado con trasponer la directiva de la Unión Europea, sino que va más allá: "Sitúa a España de nuevo en el liderazgo de la igualdad y avanza en el cumplimiento de la Agenda 2030 en lo relativo al acceso de las niñas y las mujeres a todos los niveles de la actividad social, política y económica", señala el Gobierno en su documentación.
En el ámbito electoral, el texto modifica la legislación para establecer la obligatoriedad de las llamadas 'listas cremallera'. Las candidaturas deberán estar integradas por personas de uno y otro sexo, ordenadas de forma alternativa, tanto en las elecciones locales como en las autonómicas, las nacionales y las europeas. Será la Junta Electoral Central quien supervise que se cumple este mandato legislativo.
En el ámbito público, el principio de "representación equilibrada" -ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40%- se exigirá en primer lugar al Gobierno. El Ministerio de Igualdad ha señalado ya que el Ejecutivo actual es "profundamente feminista" y un ejemplo de lo exigido por el proyecto de ley, ya que cuenta con 12 ministras y 10 ministros. La regla se va a imponer, además, en el caso de los altos cargos de la Administración General del Estado, con un periodo de adaptación de cinco años.
La obligación se extenderá, por su parte, a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional -Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial-, a partir de las siguientes renovaciones de sus miembros. También deberá cumplirse en la composición de los jurados y tribunales que decidan sobre premios y condecoraciones de la Administración General del Estado, así como en las entidades de interés público que superen los 250 trabajadores o los 50 millones de euros de volumen de negocio o un activo superior a 43 millones.
Y esa denominada "participación equilibrada" deberá cumplirse, igualmente, en las juntas de gobierno de los colegios profesionales antes del 30 de junio de 2026. El Ministerio insiste en que en algunas de esas cúpulas existe un déficit de presencia femenina y que, en los casos en que no se llegue al objetivo, se tendrá que informar de las causas y del plan para alcanzarlo en el plazo más breve posible.
En cuanto al sector empresarial, la obligación estará en vigor para los consejos de administración de las sociedades más grandes, las que cotizan en el Ibex-35, a partir del 30 de junio del 2024. Las empresas con más de 500 millones de capitalización bursátil dispondrán de plazo para cumplirla hasta el 30 de junio del 2025. Y las sociedades cotizadas que no lleguen a los 500 millones de euros de capitalización bursátil, hasta el 30 de junio del 2026. Las competencias de supervisión corresponderán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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