Los colegios profesionales claman contra la nueva ley del Gobierno

José Vicente Rodríguez 07.12.2014 | 19:19

 

Las claves del anteproyecto

 

Fin de la colegiación obligatoria en muchas profesiones

El anteproyecto de Ley de Colegio y Servicios Profesionales reducirá la colegiación obligatoria en las 80 profesiones actuales a 38. La ley restringe la colegiación obligatoria a actividades legales, sanitarias y técnicas. Perderán la obligatoriedad los profesores de educación física, doctores licenciados en bellas artes, agentes comerciales, gestores administrativos, agentes de la propiedad industrial o administradores de fincas.

 

Se modifica la reserva de denominación

 

Se modifican las reservas de denominación, que obligan a colegiarse para utilizar un determinado nombre. Este requisito desaparecería ahora para los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) y también para economistas o gestores administrativos, según el anteproyecto que maneja el Gobierno.

 

Cambios en la reserva de actividad

 

Además, se modifica la reserva de actividad, que determina que ciertas actividades solo pueden ser ejercidas por un colectivo determinado que cumpla ciertos requisitos (por ejemplo, la medicina como exclusiva de los médicos). Con la nueva normativa se elimina esta reserva de actividad para enólogos, técnicos especialistas en vitivinicultura, guías turísticos, decoradores de interior o delineantes. Las comunidades autónomas podrán fijar reservas de actividad en sus respectivos territorios para oficios que no requieran titulación universitaria.

 

Las cuotas se limitan a un máximo de 240 euros al año

 

El anteproyecto pretende implantar una cuota máxima para pertenecer a un colegio que no podrá superar a 240 euros mensuales, lo que obligará a rebajar las tarifas a muchas organizaciones y a reajustar los presupuestos. El Ejecutivo entiende que superar esa cifra es algo excesiva y suponer limitar el derecho a colegiación. En cualquier caso, las tarifas podrán rebasar ese máximo si así lo decide la asamblea colegial por una mayoría cualificada de tres quintas partes. También se suprime la cuota de inscripción que algunas organizaciones imponían al darse de alta.

 

Los colegios profesionales llevan meses airados en espera del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que maneja el Gobierno, que incluye de entrada elementos tan polémicos como la reducción del número de profesiones que requerirán de la colegiación obligatoria (bajan de 80 a 38, restringidas a actividades legales, sanitarias y técnicas) o la limitación de las cuotas colegiales a un máximo de 240 euros anuales. En Málaga hay más de 30 colegios profesionales que aúnan a casi 50.000 colegiados, según explica Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados y presidente de la Unión Profesional de Málaga (donde se agrupan una veintena de estos organismos y el 90% de los colegiados). Lara se muestra muy crítico con la reforma impulsada por el Ministerio de Economía y Competitividad que dirige Luis de Guindos y augura que, de salir adelante en los términos planteados, podría llevar a la desaparición de muchos pequeños colegios –que tendrían que fusionarse en entidades regionales– y a la drástica reducción de personal y servicios en los de mayor tamaño. Se especuló con la posibilidad de que el Gobierno aprobara el anteproyecto el pasado mes de noviembre aunque ahora las fechas parecen remitir a febrero de 2015, según Lara. Los colegios creen que en el Gobierno tampoco hay unidad a la hora de elaborar la normativa.

 

«El anteproyecto nos parece un ataque injustificado contra los colegios profesionales y va en claro detrimento del servicio que se presta a los ciudadanos», comenta el decano de los abogados, que recuerda que estos organismos cumplen con misiones fundamentales como la tutela del código deontológico de cada profesión, el control del intrusismo, los seguros de responsabilidad civil o la formación continua de los colegiados. Todo ello sin recibir del Estado ninguna partida económica, ya que los colegios se autofinancian con la cuotas de sus colegiados. Por ello, Lara también remarca las dificultades económicas a las que se enfrentarán muchos colegios debido al máximo de 240 euros anuales que se impondrán como límite de cuota.

 

«En el Colegio de Abogados, donde tenemos 40 personas contratadas, tendríamos de entrada que hacer un ERE. También afectaría a la multitud de servicios que ofrecemos a los colegiados, a la formación e incluso a eventos como el Congreso de Abogacía que hacemos cada año», comenta. El Colegio, con 6.000 colegiados, cobra una cuota de 428 euros a la mayoría de sus colegiados, aunque colectivos como los letrados jóvenes o los no ejercientes disponen de un importe reducido.

 

Lara también alerta de que algunos colegios que disponen de varias sedes tendrán que clausurar algunas de ellas, sobre todo si cuentan con alguna carga hipotecaria. «Es un tema que nos quita el sueño a todos los colegios. Nos preocupa muchísimo. Todos estamos en contra del anteproyecto», comenta.

 

De la misma opinión es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga –1.200 colegiados–, Fernando Pastor, que considera que el Gobierno «se extralimita» con este planteamiento. «A nosotros nos quitaría la colegiación obligatoria porque no entramos en la lista de profesiones que afectan a la seguridad de las personas. Y yo pregunto: ¿cuando un administrador participa en una decisión relativa a un ascensor o al edificio de una comunidad de vecinos no está ejerciendo algo relativo a la seguridad?», señala. A su juicio, la normativa planteada en estos términos fomentaría el intrusismo y las malas prácticas en la profesión, con el consiguiente perjuicio para los clientes.

 

«El Colegio controla el ejercicio de la profesión, da formación y ofrece un seguro de responsabilidad civil por una cuantía de hasta 1,5 millones de euros que es una garantía para las comunidades de vecinos. Pero si ya no va a ser obligatorio colegiarse, ¿qué garantías hay para el ciudadano?», apunta Pastor. En cuanto a las cuotas a los colegiados, los administradores de fincas en Málaga pagan 360 euros al año. «La rebajaríamos pero pensamos que establecer máximos es una estupidez. Dice el Gobierno que es para fomentar la competitividad pero no creemos que sea tanto ahorro para el colegiado. Y a cambio, se perderán servicios», asegura.

 

Por su parte, Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga (que aglutina a más de 2.000 economistas, el 50% de los colegiados de Andalucía), afirma que la crítica generalizada al anteproyecto procede de la falta de garantías a la hora de controlar el ejercicio de las profesiones. «¿Quién controlaría que las personas que ejercen de economistas lo hacen con la formación y la titulación adecuada? ¿El Gobierno, la Junta de Andalucía? Hasta ahora estas funciones básicas las hemos realizado los colegios, y sin costarle un euro a las administraciones. Pero ahora puede abrirse la puerta al intrusismo, a cualquier francotirador que quiera poner en la puerta de su despecho que es economista», lamenta.

Y es que el anteproyecto inicial del Gobierno, además de suprimir la colegiación obligatoria en muchos casos, modifica también determinadas reservas de denominación, que obligan hasta ahora a colegiarse para utilizar un determinado nombre. Economistas, gestores administrativos o agentes de la propiedad inmobiliaria entrarían de inicio en este lote.

El presidente del Colegio de Gestores Administrativos –200 colegiados–, Jorge Alcántara, se muestra preocupado por este hecho. «Veo en la ley fundamentalmente un error de concepto. El Gobierno dice que su proyecto permitirá reducir costes al ciudadano y elevar las garantías pero creo que el resultado puede ser contraproducente. Los colegios realizamos muchas funciones administrativas y de control que ahorran ese servicio al Estado. Y también ofrecemos a nuestros colegiados seguros de responsabilidad civil que son una garantía para el usuario. Si propiciamos que la gente no se colegie, eso se pierde», dice.

Muy dolido se muestra también Cayetano Rengel, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria , que cuenta con 300 colegiados que intermedian en la compra y venta de bienes inmuebles. «La ley es absolutamente innecesaria. Ya contamos con un marco normativo que da respuesta a nuestras necesidades. El Gobierno se escuda en las directivas europeas pero en realidad lo que quiere es intimidar el libre ejercicio de la profesión», señala. Rengel cree que el anteproyecto fomentará el intrusismo y el fraude y beneficiará a la grandes empresas, cuyos empleados podrán ejercer en diferentes profesiones. En cambio, perjudicará al profesional liberal.

Otra voz crítica es la del decano del Colegio de Arquitectos, Antonio Vargas. Además de considerar innecesario» el proyecto de ley alerta del peligro económico que acecha a muchos colegios con la limitación de cuotas a los 240 anuales. En el Colegio de Arquitectos, con 1.200 colegiados, se pagan unos 400 euros al año (con bonificaciones para los jóvenes), con lo que la normativa obligaría a rebajar la cifra, a menos de que una posterior asamblea aprobara por mayoría subirlas de nuevo.

 

«Una cuota como la nuestra no es limitativa para nadie sino que es el mínimo que se necesita para mantener unas infraestructuras administrativas. En 2007, nuestro Colegio tenia 40 empleados. Hoy sólo tenemos 12 para realizar todos los servicios, incluida la atención telefónica al colegiado y los procesos de visados de proyectos. No podemos bajar más», apunta. Para Vargas, el Gobierno peca de incoherencia por querer limitar los ingresos de los colegios cuando, al mismo tiempo, éstos realizan funciones subsidiarias de la administración (en el caso de los arquitectos, la certificación de los visados de obra en los ayuntamientos).

 

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga –900 colegiados–, Juan Fernández, coincide en que con una cuota de 240 euros al año no se podrían sostener todos los servicios que actualmente se dan a los colegiados incluidos cursos de formación y seguros. Fernández muestra su extrañeza por una norma «tan intervencionista», en particular cuando los colegios profesionales no cuestan un euro al erario público. «Para mí, el Gobierno se ha extralimitado, Es cierto que la ley ómnibus europa hablaba de liberalizar las profesiones pero no tiene sentido darle esta vuelta de tuerca», comenta.

 

En el Colegio de Peritos e Ingenieros Industriales –3.000 colegiados–, su decano Antonio Serrano, afirma que el anteproyecto discrimina entre profesionales del mismo gremio, ya que no obliga a colegiarse a aquellos que trabajan por cuenta ajena y no firman proyectos técnicos ni dirigen obras. «Es un erros grande porque un perito, trabaje donde trabaje, asume una responsabilidad por su trabajo. Sus decisiones son siempre importantes, porque pueden tener consecuencias graves. Es algo discriminatorio para los que sí tendrán obligatoriamente que colegiarse», apunta. Por otro lado, el anteproyecto mantiene a su vez barreras «absurdas», como el hecho de un perito industrial no pueda firmar proyectos en suelos o naves que no tengan esa calificación.

 

¿Y qué opina de la ley la rama sanitaria, una de las que sí mantiene la colegiación obligatoria? El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, con casi 7.400 colegiados a su cargo, cree que el anteproyecto debe asegurar que la vertiente deontológica de la profesión queda en manos de estos organismos y que éstos mantiene su independencia respecto al Gobierno de turno. «Es una ley que se está haciendo a trozos, de corta y pega, sin que los colegios tengan el peso y la opinión suficiente», reconoce.

En el plano económico, Sánchez Luque tampoco comparte las limitaciones de cuota máxima aunque señala que en el caso del Colegio de Médicos no supondría un problema, ya que los pagos de cada colegiado se reparten entre una parte obligatoria y otra opcional que se gestiona a través de un patronato.

Por último, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Florido, celebra que en su gremio –1.900 profesionales en la provincia– el proyecto mantenga la colegiación obligatoria aunque, por contra, critica que se vaya permitir que un farmacéutico pueda colegiarse en una provincia distinta a donde vaya a ejercer. «Nuestra obligación como Colegio es velar por la deontología de la profesión. Y difícilmente podremos hacerlo sin un colegiado de Málaga tiene su farmacia en otra provincia», advierte.

 

Fernando Pastor

Administradores de Fincas

"El Gobierno se extralimita en su intervención en la vida de los colegios. En nuestro caso además fomenta el intrusismo y las malas prácticas al permitir que haya personas en la profesión sin necesidad de colegiarse".

 

Francisco Javier Lara

Abogados

"El proyecto es un ataque injustificado contra los colegios y va en claro detrimento de los servicios al ciudadano. También fomentará el intrusismo. Con esta reforma, muchos pequeños colegios pueden desaparecer".

 

Juan Carlos Robles

Economistas

"Los colegios velamos por la deontología de la profesión y no costamos un euro al Estado. El anteproyecto parte de un malentendido liberalismo ¿Quién será ahora el que controle el intrusismo y las malas prácticas?".

 

Antonio Vargas

Arquitectos

"Es una ley que el Gobierno está elaborando sin necesidad alguna. Se plantea una liberalización a ultranza con la excusa de abaratar los servicios, pero eso es algo falso. El Ministerio muestra gran desconocimiento e ineptitud".

 

Juan Fernández

Graduados Sociales

"Para mí hay un intervencionismo total del Gobierno. Es cierto que en Europa reclama una mayor liberalización de servicios pero el anteproyecto se extralimita y puede llevar a problemas económicos en muchos colegios".

 

Antonio Serrano

Peritos Industriales

"El proyecto discrimina entre profesionales. Si un perito trabaja por cuenta ajena y no firma proyectos o dirige obras no tendrá que colegiarse. Es un error. Trabaje donde trabaje sus decisiones tienen consecuencias".

 

Jorge Alcántara

Gestores Administrativos

"El hecho de que los profesionales puedan ejercer fuera del ámbito de los colegios causará mayores prejuicios que los que pretende evitar. Se perderán garantías de cara al ciudadano y control deontológico".

 

Juan José Sánchez Luque

Médicos

"Es una ley que se está haciendo a trozos; es como de corta y pega. El Gobierno no está dejando que los colegios tengan el peso y la opinión suficiente, aunque el primer borrador era más intervencionista y se ha cambiado algo".

 

Cayetano Rengel

Ag. de la Propiedad Inmobiliaria

"La ley es absolutamente innecesaria. El Gobierno se escuda en normativas europeas pero lo único que hace es quitar garantías. Se fomenta el fraude y se beneficia a la gran empresa. El perjudicado será el profesional liberal".

 

Francisco Florido

Farmacéuticos

"El anteproyecto permite que un colegiado pueda darse de alta en una provincia diferente de la que ejerce, al contrario que hasta ahora ¿Cómo vamos a velar por un colegiado de Málaga que tiene su farmacia fuera?


Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/12/07/colegios-profesionales-claman-nueva-ley/727978.html

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