Los colegios profesionales, contra la nueva ley que prepara el Gobierno

 

 

 

La nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales es una «norma innecesaria». Es la conclusión a la que llegaron los participantes del Observatorio sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales organizado por EL MUNDO de Andalucía.

 

A dicho encuentro, acudieron Fidel Astudillo Navarro, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, así como su vicepresidente y presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, Ignacio Oroquieta; Miguel Ángel Peón Riancho, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Gestores Administrativos; Juan Manuel Contreras Ayala, secretario general del Colegio de Médicos de Sevilla; Manuel Pérez Hernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; y Ángel Díaz del Río, decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla.

 

'La ley no resuelve problemas, sino que los crea y pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos'Ángel Díaz del Río / Colegio de Arquitectos'Habrá un grave problema para el control deontológico, que afectará al consumidor'Fidel Astudillo / Consejo de Colegios de Veterinarios

 

Sobre la mesa, un debate encendido acerca del anteproyecto de ley que prepara el Ministerio de Economía y Competitividad y que ha levantado ampollas entre el sector tanto por las formas en las que se ha elaborado, como por el contenido.

 

'Ya existe un marco normativo que da respuesta a nuestras necesidades; una ley es innecesaria'Ignacio Oroquieta / Colegio de Veterinarios

 

Algunos de los puntos más candentes tienen que ver con la reducción de las profesiones de colegiación obligatoria de 80 a 34, o el establecimiento de una cuota máxima anual que no debe exceder los 240 euros.

 

'Este intento de tutela administrativa de los colegios pone enriesgo su viabilidad'Juan Manuel Contreras / Colegio de Médicos

 

Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, fue el primero en intervenir en el seno del debate. Astudillo se mostró disconforme con la colegiación obligatoria solo en 34 profesiones. «Hemos defendido la colegiación obligatoria en todas las profesiones en garantía del consumidor», aseveró.

 

'Va encaminada a que haya empresas externas que presten los servicios que ahora ofrecemos'Manuel Pérez Hernández / Colegio de Farmacéuticos

En segundo lugar, manifestó su desacuerdo con las disposiciones referidas al ámbito territorial, que recogen que «cuando una profesión de colegiación obligatoria se organice por Colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos para ejercer en todo el territorio español». «Esto es un error porque los colegios vamos a encontrarnos con un grave problema para el control deontológico, que al final afectará al consumidor», insistió.

 

'Puede sepultar a los profesionales liberales en beneficio de las grandes corporaciones'M. Ángel Peón / Colegio de Gestores Administrativos

Por último, Astudillo lamentó que la norma «hable de liberalización, cuando realmente es muy restrictiva, llegando a ser intervencionista en algunos puntos, como el que se refiere a la cuota máxima anual de 240 euros», afirmó. «Es otro error porque hay muchas diferencias entre unos colegios y otros y será difícil mantener los servicios que la ley nos obliga a prestar», concluyó.

 

Ignacio Oroquieta, vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, apoyó las palabras de su presidente e insistió en que «ya que existe un marco normativo que da respuesta a las necesidades del sector, por lo que es una ley gratuita e innecesaria».

 

Por su parte, Miguel Ángel Peón Riancho, presidente del Consejo de Colegios de Gestores Administrativos, se sumó a las críticas apuntando que la ley «es un despropósito». «Desde la libertad que da el que los gestores administrativos no somos una profesión con colegiación obligatoria, decimos que compartimos la necesidad de una Ley de Servicios Profesionales, pero no esta ley. La LSCP provocará un aumento del fraude y un peor servicio a los ciudadanos», prosiguió, al tiempo que defendió que «las administraciones públicas ahorran costes en la prestación de los servicios profesionales a los ciudadanos, ya que las funciones de ordenación y control del ejercicio profesional las llevan a cabo los propios colegios».

 

Peón Riancho lamentó que la norma «amenaza con sepultar a los profesionales liberales en beneficio de las grandes corporaciones» y aseguró que «supondrá más burocracia que es lo último que puede permitirse nuestra economía en estos momentos».

 

Manuel Fernández Hernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, tildó la nueva ley de «innecesaria» y consideró «incomprensible que no haya sido consensuada con el sector». El representante de los farmacéuticos criticó que «se hayan marcado objetivos que no demandaba la profesión» y que «se hayan puesto parches atendiendo incluso a leyendas negras». Además, aseguró que «la tutela de la Administración nos parece inadmisible y vulnera los principios democráticos».

 

Fernández, que también criticó las disposiciones en cuanto al ámbito territorial que recoge la norma, así como el techo de cuota que puede «asfixiar a los colegios», apuntó que este proyecto «va encaminado a que haya empresas externas que se puedan dedicar a prestar los servicios que hasta ahora ofrecemos nosotros, más que a defender los derechos de los consumidores».

 

El secretario general del Colegio de Médicos de Sevilla, Juan Manuel Contreras, defendió algunos aspectos que contempla la nueva ley, como la regulación de la autoridad competente, la unificación de un código deontológico o la incompatibilidad de cargos directivos. Sin embargo, cargó las tintas, al igual que sus colegas, contra «la tutela administrativa de los colegios que pone en riesgo la viabilidad de estas corporaciones», así como contra la territorialidad y la cuota máxima, «que fomentarán que la actividad se concentre en unos pocos colegios potentes que puedan permitirse proponer cuotas más bajas, al tiempo que hará más complicado el control deontológico». «Los colegios deben tener autonomía organizativa y económica», sentenció.

 

Ángel Díaz del Río, decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, se sumó a las opiniones de los participantes en el debate e insistió en que la ley «nace de un gran error, porque no cuenta con la opinión de los profesionales y supone la supresión de garantías que ya recoge la normativa europea». Díaz del Río apuntó además que «la posibilidad que da a la Administración de poder cambiar una junta directiva desvela la intención de intervenir en la sociedad civil y eso es anticonstitucional». Por eso, concluyó que «esta ley no es un avance, ni resuelve problemas, sino que los crea y pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Es una barbaridad y demuestra un desconocimiento total sobre la realidad».

 

Un proyecto en suspenso


Tras varios borradores, el pasado 7 de julio se aprobó el último texto que deberá someterse a trámite parlamentario, tras su salida del Consejo de Ministros, para su aprobación final y entrada en vigor, trámite que estaba previsto que se iniciara antes del receso en la actividad del Gobierno por el período estival y que sin embargo se ha quedado en suspenso hasta nueva orden. El texto elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad presenta novedades respecto a los criterios de buen gobierno de los colegios de colegiación obligatoria, establece un código deontológico para todo el territorio, así como un régimen general de remuneración de los cargos directivos de los colegios obligatorios, busca clarificar el régimen económico de los colegios, separando los servicios obligatorios de los voluntarios, y quiere reforzar la trasparencia mediante la presentación de las cuentas de dichas entidades. La profunda reforma que plantea ha suscitado un debate en el sector sobre las implicaciones que se derivarán de su aplicación y que afectarán tanto a la relación de los profesionales con los colegios, como a las garantías como clientes, así como a la liberalización de algunos sectores económicos.

 

Historia de una operación a espaldas del sector


Las circunstancias en las que se ha desarrollado el proyecto de Ley de Colegios Profesionales que ultima el Gobierno también han despertado el recelo del sector. «Conocimos las intenciones del Gobierno respecto a la nueva ley por la prensa y en diciembre de 2012 nos encontramos con el primer borrador en la web del Ministerio de Economía», lamentó Fidel Astudillo, del Colegio de Veterinarios. El departamento de dirige Luis de Guindos presentó un segundo anteproyecto de ley en agosto de 2013. «El proyecto contó con 156.000 alegaciones, de las que no se atendió ninguna, y un voto en contra en el Consejo de Estado porque encontró varios puntos inconstitucionales», aseveró Ángel Díaz del Río, del Colegio de Arquitectos. Finalmente, el 7 de julio del presente año, el ministerio sacó el texto definitivo que llevará al Consejo de Ministros. «Si se aprueba supondría la ruptura de un millón y medio de profesionales con su gobierno», sentenció Díaz del Río. El representante del sector médico insistió en la opacidad del proceso. «Se ha hecho con criterios económicos equivocados y dada la oscuridad con la que se nos ha presentado, me temo que responde a un acuerdo político que los ha llevado a un callejón sin salida», aseveró Juan Manuel Contreras, del Colegio de Médicos. Y es que «no había demanda profesional, social ni jurídica para modificar esta ley», concluyó Manuel Pérez, del colegio de Farmacéuticos.

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