COLEGIOS PROFESIONALES DESCONFÍAN DE LA FUTURA LEY

 

La futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales -todavía anteproyecto de ley- contempla el levantamiento de la obligación de colegiación en una gran cantidad de supuestos, lo que lleva a sus críticos a pensar que fomentará el intrusismo y deteriorará la calidad de los servicios. En cambio, sus defensores apuntan que se trata de la trasposición de una directiva europea que garantizará una mayor libertad en un marco de garantía jurídica y de continuidad de los colegios oficiales.

 

Para debatir sobre el asunto, EL DÍA invitó esta semana al vicepresidente primero del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, Juan Hernández; al decano del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife y presidente de la Unión Profesional de Canarias (Upcan), Jorge Iván Pérez; al presidente de la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Argeo Semán; al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Schwartz, y al portavoz de Desarrollo e Innovación en la Comisión de Economía del Senado y ponente de la norma, Antonio Alarcó.

 

Juan Hernández fue el primero en intervenir. Dejó claro que su organización garantiza un servicio a los usuarios que entiende que con la ley no se produciría porque los no colegiados carecerían de la formación continua que ofrece la institución, entre otros aspectos.

 

Cree con firmeza que la norma potenciará el intrusismo, lo que atentará contra los propietarios al asumir la gestión de las comunidades personas sin cualificación que no sabrán afrontar asuntos como la Ley de Protección de Datos, la rehabilitación de los inmuebles o la seguridad jurídica de las personas. Destaca que su trabajo constituye una "labor social" en favor del mantenimiento de la "principal" parte del patrimonio de los ciudadanos.

 

Jorge Iván Pérez defendió la necesidad de crear la ley, pero criticó que en el proceso de elaboración del anteproyecto el Gobierno central dejó a un lado a los profesionales y remarcó que la norma nacerá sin el respaldo de los colegios oficiales de Canarias, lo que calificó de "increíble" porque se supone que debería mejorar su ámbito. La pérdida de calidad de los servicios le preocupa. En la colegiación obligatoria, explicó, habrá una comisión deontológica y un criterio de calidad para aplicar el conocimiento, pero en las profesiones que queden fuera nadie podrá asegurar que la calidad es la adecuada.

 

Además, lamenta que el Gobierno confíe en que el mercado "centrifugará" a los malos profesionales porque "será el ciudadano el que pague esta situación". Cree, como Hernández, que la norma fomentará el intrusismo y denuncia que la "excusa" del Ejecutivo central para crear la ley es que Europa "obliga" a aprobarla y que abaratará los costes al tiempo que augura que los servicios serán más lentos. Desmiente que los no colegiados serán más baratos que los colegiados, lo que tilda de "invento" para poner a la gente en contra de los colegios.

 

Argeo Semán se mostró en desacuerdo con la "filosofía" de la ley, si bien no contra la ley misma. En concreto, critica su espíritu "claramente económico", que estima en 7.000 millones de euros el ahorro a favor de los ciudadanos, argumento que "no hay por dónde cogerlo". Le preocupa que la prioridad de la ley "es más fijar el precio de una mercancía que el de servicios", y explica que mientras las mercancías tienen un mercado abierto, el de los servicios es más opaco porque si bien puede haber una aproximación, "el precio no es comparable".

 

Piensa que la protección de los usuarios no está garantizada con la voluntariedad de la colegiación porque, en su caso, "no se sabe quién es arquitecto" y, por lo tanto, no habrá control. En cambio, la norma ejercerá un control sobre los propios colegios, mientras resta margen de protección a los ciudadanos. En todo caso, confía en que en el trámite parlamentario los profesionales puedan intervenir.

Guillermo Schwartz opina que se trata de un anteproyecto de ley "bastante trabajado" y también cree que habrá una participación "más directa" de la sociedad civil en su tramitación parlamentaria, del que saldrá "otra cosa". Entre los aspectos positivos, destaca que la norma respeta el concepto del colegio oficial como garante del servicio profesional, pues seguirán siendo corporaciones de derecho público. La libertad de la colegiación, matiza al resto de invitados, no significará que los colegios vayan a desaparecer, sino que habrá que reinventarlos de cara a los colegiados. Señala que es muy distinto que haya un grupo grande de colegiados porque están obligados a hacerlo a que lo haya porque lo eligen por considerarlo importante, por lo que defiende la libertad de la colegiación.

 

Antonio Alarcó, por su parte, remarca que es la primera vez que se regulan "todas las profesiones" e insistió en que al anteproyecto "le queda mucho recurrido". Replicó a Pérez que el Senado creó una comisión que se reunió con "absolutamente todos" los colegios profesionales y consejos generales de España en 89 ocasiones -afirma que se incorporaron todas sus aportaciones- y alertó de que los borradores que circulan son un "corta y pega" que han hecho un daño "enorme".

 

Aclara que la norma no contempla la desaparición de los colegios, instituciones clave en desarrollo profesional del país "a coste cero" para el ciudadano y desmintió que Europa "obligue" a su creación, sino que "recomienda", por lo que "no es una excusa para aprobar la ley, pero para estar en Europa hay que asumir sus principios". Sobre las críticas al intrusismo, apuntó que ya existe de forma masiva en toda España en perjuicio de las profesiones, por lo que la ley introduce criterios de calidad europeos para combatirla.

 

Pérez respondió que no es verdad "por mucho que lo repitan" que hayan tomado en cuenta a los colegios y que, de haberlo hecho, el anteproyecto habría salido "de otra manera". Alarcó replicó que "no miente nunca", aunque puede equivocarse. "Lo que digo es verdad, otra cosa es que le guste, y nos hemos reunido con todos los colegios", zanjó. "La opinión de Upcan es que no se nos oyó", insistió Pérez.

 

Pérez también criticó que la ley dejará a los ciudadanos la verificación de que no haya nadie ejerciendo sin los requisitos -lo que ahora hacen los colegios, añadió-, mientras que Alarcó ve incluso necesario delegar responsabilidades en los ciudadanos.

 

Por su parte, Schwartz apuntó que el intrusismo es un problema "no de los colegios, sino de la ciudadanía" y lamentó, en coincidencia con el resto, que esa situación "sale barata". "Pero eso no se puede poner en una ley".

 

Fuente: denoticias.es

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