La calidad de los servicios profesionales

Con mucha preocupación se sigue en la actualidad la tramitación del anteproyecto de la ley de servicios profesionales que ha alertado a todos los colegios profesionales. Un colectivo que siempre ha apostado por dar un servicio de calidad a los ciudadanos en las actividades que sus colegiados desempeñan y, también, por vigilar por que no hubiera distorsiones en la prestación de los servicios. Sin embargo, el texto viene a introducir medidas ciertamente preocupantes en el devenir de los colegios profesionales y que a la postre, de salir adelante como está configurado, puede causar graves perjuicios en los ciudadanos que reciban los servicios de quienes piensan que están cualificados para ejercer una actividad profesional. Porque se quiere trasladar a nuestro país la idea de la desregulación profesional, la filosofía de abrir el mercado de trabajo en las actividades profesionales que en otros países de la UE puede funcionar, pero que aquí conllevaría abrir un mercado de baja calidad en los servicios, y ante ello señalar que es necesario seguir con un sistema que ha funcionado y en el que los colegios profesionales han contribuido a servir de garantía para que los ciudadanos tuvieran la tranquilidad de que cuando contrataban con un profesional, este tenía la solvencia de estar fiscalizado por su propio colegio y, al menos en principio, la garantía de realizar bien su trabajo. Aunque, como siempre, luego están las excepciones que rompen la regla y que desempeñan mal su trabajo.

 

No obstante, se tiene la idea de abrir el mercado de trabajo al máximo en la prestación de los servicios profesionales, pensando que los colegios son una traba para esta filosofía, cuando es al revés, ya que cuando un ciudadano acude a un despacho profesional lo hace con la seguridad o creencia de que esta persona que se publicita tiene la cualificación profesional necesaria para realizar bien el trabajo que se le va a encomendar. Pero sin el control del servicio que prestan los profesionales realizado por los colegios esa seguridad se convertirá en inseguridad, ante las amplias posibilidades de que quien ha accedido al mercado de trabajo profesional sin el control que se ejerce por los colegios no tenga las condiciones, ni la preparación suficiente para dar ese servicio que exige el ciudadano. Y luego vendrán los problemas con la mala praxis profesional y tendrán que acudir a los juzgados para que estos restauren la situación y fijen si ha habido una mala actuación profesional.

 

Hoy en día estamos cada vez más necesitados de buenos profesionales, nuestros jóvenes acuden a las universidades a recibir una buena formación y luego la mejoran con Master en centros especializados, para acabar integrándose en los colegios profesionales que le servirán para asegurarse una continuidad en esa formación. Y ello, ante la avalancha de constantes reformas que se van aprobando en nuestro Parlamento y que exigen de los profesionales que sus colegios les sigan formando para garantizar a los ciudadanos una buena calidad en estos servicios. Pero lo más curioso de todo es que nadie ha pedido esta reforma, y no todo lo que en otros países se hace tiene por qué ser bueno para el nuestro. Nuestro sistema de colegios ha funcionado a la perfección. ¿Por qué, entonces, cambiar lo que funciona? Nos preguntamos. Cuando lo que tenemos que cambiar es lo que no funciona. ¿Por qué exponer a los ciudadanos a que si se aprueba este texto exista el peligro de un deterioro de los servicios profesionales?

 

Ni qué decir tiene, por ejemplo, la honda preocupación que existe, y con razón, en el colectivo de los procuradores ante las modificaciones que a ellos les afectan y que puede acabar con una profesión histórica en nuestro país y sobre la que todos los colectivos que trabajan en la justicia han destacado por su buena preparación y buen quehacer profesional. Otra prueba más de la pregunta que antes nos hacíamos: ¿por qué alterar el sistema de funcionamiento de la representación de los ciudadanos ante los tribunales cuando ha funcionado bien hasta la fecha? Pero no solo esto, sino que ahora mismo los procuradores han venido prestando una magnífica función de colaboradores con los tribunales a la hora de llevar a cabo los actos de comunicación y se había potenciado desde el Ministerio de Justicia la actividad de colaboración que los procuradores llevan a cabo con los juzgados. Nadie, absolutamente nadie, se había quejado de este papel y esta función. ¿Por qué cambiar lo que funciona y no se cambia lo que no funciona?

En definitiva, que lo que debe postularse ahora, y es esta la mejor expresión que debemos utilizar, es que prime la reflexión de que lo que hay que modificar es lo que da problemas a la sociedad, que son muchas las materias que tenemos con signo negativo. Y con lo que funciona mejor que lo dejemos como está como decía el dicho de las aspiraciones en casos como este: para una reforma como esta, que nos quedemos como estamos porque? todo puede hasta empeorar. Y a buen seguro lo hará si no se reflexiona sobre los problemas de una reforma sobre la que muchos profesionales están reclamando que se detenga. Por algo será.

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