No al anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales #lsp

 

En mi artículo anterior (Información 16/02/14), escribía sobre las consecuencias que tendría la aprobación del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales en el ámbito del Deporte. Sorprende el silencio y el desconocimiento existente sobre el texto, así como la complicidad de los ministerios afectados (Fomento, Justicia, Educación y Cultura,?). Tras algunas investigaciones, quiero compartir informaciones y reflexiones, así como abordar este Anteproyecto desde una visión más amplia, saliendo de los ámbitos específicos desde los que se ha escrito mucho. Este Anteproyecto emana del Ministerio de Economía y Competitividad en 2013, motivado sólo por cuestiones económicas. ¿Tiene sentido legislar, con las consecuencias que conlleva la implantación de una Ley, sólo por y con criterios economicistas? En líneas generales, se propone legislar el marco general de los servicios profesionales, dar libre acceso a las actividades profesionales bajo el argumento falaz de velar por la protección de los consumidores y usuarios. La liberalización del sector fomentaría el empleo y mejoraría la competitividad según reza en la exposición de motivos. Este Anteproyecto ha recibido el rechazo frontal de los profesionales del ámbito jurídico, de la arquitectura y del deporte. Las medidas suponen una auténtica vuelta de calcetín al modelo existente; no se tiene en cuenta el conocimiento ni la preparación necesaria para el desempeño de cualquier profesión y plantea medidas transversales y de consecuencias importantes como que «Se derogan con carácter general todas las reservas de actividad para profesiones tituladas, así como profesiones reguladas de competencia estatal vigentes». Los objetivos son: mejorar la competitividad de la economía, añado, aun en detrimento de la calidad y eficacia de las profesiones; favorecer la empleabilidad añado, contratando con menos requisitos, favoreciendo al empleador, quien reduciendo la cualificación exigida al trabajador, tendrá manga ancha para actuar de acuerdo a sus intereses particulares.
En lo que afecta al ámbito jurídico, el Anteproyecto unifica la figura del abogado y el procurador, pudiendo incluso los graduados sociales desempeñar funciones de letrado. Además de las exigencias –algunas disparatadas– impuestas a los Colegios de Abogados, la medida ha recibido el rechazo de todas las instituciones jurídicas del Estado. Sorprende y hasta cabrea que el objetivo sea el de velar por los intereses de la ciudadanía, ya que, ¿por qué unificar dos profesiones en una en pro del abaratamiento para el cliente, cuando este mismo gobierno ha elevado las tasas judiciales? Algunos profesionales dudan de la efectividad de una medida que sólo beneficiará a las grandes empresas, al margen de vulneraciones y del disparate de aunar dos ejercicios del derecho en una misma persona. Conviene recordar que, en la actualidad, existe un máster de abogacía y otro de procura recién estrenados. En cuanto al ámbito de la arquitectura, este Anteproyecto abre la vía para que arquitectos e ingenieros firmen proyectos de arquitectura. Como muchos dicen, es necesario disponer de profesionales formados y el conocimiento universitario no puede quedar a merced de criterios economicistas o de lo que le conviene al político de turno. No es justo proporcionar un «atajo legal» para que algunas personas eviten cursar los estudios considerados como necesarios desde las instituciones acreditadas para ello. Y todo, bajo el argumento populista de que beneficiará a la creación de empleo y a la competitividad. No, beneficiará a las grandes empresas, a los propietarios de suelo que edificarán lo que quieran, como quieran, donde quieran y sin otro criterio que el beneficio económico. 
En cuanto a la Universidad nombrada expresamente en el texto, las alusiones a ella plantean otro disparate. El texto critica la autonomía universitaria calificándola del siglo XIX y rígida en sus títulos universitarios. Me temo que De Guindos no tiene constancia de los nuevos planes de estudios, de que éstos deben dar respuesta a perfiles profesionales y un largo etc. Fíjense si va a tener consecuencias directas sobre los títulos universitarios que la disposición adicional novena «crea una comisión de Reforma de las Profesiones coordinada por el Mineco, en la que participarán el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la ANECA». Esta comisión realizará informes preceptivos sobre la normativa que cree atribuciones profesionales. Dice el texto que se pretende superar la tradicional equivalencia entre título, profesión y colegio profesional. Vamos, que lo que están haciendo las universidades, ¡ni es necesario ni será vinculante para el ejercicio de una profesión! ¿Es o no es un disparate? Y finalmente, pretenden acabar con la reserva de actividades para cada profesión. Lo que se desprende del texto es que, como se liberalizan las profesiones sin exigir titulación concreta, sólo se creará una reserva para el ejercicio de la profesión en casos puntuales y se creará una Comisión ad hoc que analizará y dictará cada nueva reserva de actividad que el ámbito estatal pretenda establecer. Por ejemplo, se suprimirían las oposiciones –sólo reservadas a pocas profesiones; no importa la cualificación para el ejercicio de una profesión porque se regulará lo mínimo y sólo con criterios economicistas y el resto, a competir –véase la selva–, por un salario mínimo donde sólo importa la mano de obra barata y servil. Con ello, se desprestigia el conocimiento, la formación universitaria –grado y máster– y la figura del buen profesional con criterio de independencia y una formación específica. 
Esta propuesta económica –científica y culturalmente suicida– está a punto de ser llevada al Consejo de Ministros para su aprobación. No se puede legislar sin contar con los profesionales afectados y lo que es peor, a espaldas de quienes van a ser los y las receptoras de estas medidas. A mí, lo que me suena es que se trata de una especie de «Reforma laboral académica». Esta es la política de hechos consumados que está llevando a cabo el gobierno.

Fuente: Diario información

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