El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido hoy la postura de España respecto a las exigencias de Europa sobre la liberalización de los servicios y ha destacado la decisión del Gobierno de retirar finalmente el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que había sido impulsado por el Ministerio de Economía por recomendaciones de Bruselas. "El proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales creaba más problemas de los que resolvía y la misión del Gobierno tiene que ser ofrecer soluciones", ha señalado tajante.

Durante su intervención en la inauguración de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno que el Consejo General de Procuradores de España organiza este fin de semana en Mérida, Catalá ha afirmado que de momento no existe ningún expediente de infracción abierto contra España por no aplicar las exigencias de la Unión Europea respecto a la normativa de servicios, según ha podido confirmar esta misma mañana.

En este sentido, el ministro ha asegurado que España va a defender ante Bruselas su postura y actual modelo de organización de los servicios profesionales, frente a las exigencias europeas que exigen introducir cambios para dinamizar la economía. "No hace falta que nos vengan a dar lecciones de dinamización de la economía desde Europa", ha señalado Catalá, recordando que los buenos resultados que está mostrando en la actualidad la economía española nos avalan.

En defensa de las funciones de la procura, el ministro ha destacado la firme determinación del Ministerio de Justicia al mantener la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. Estas declaraciones han calmado los ánimos de los procuradores presentes en el acto, después de que en las últimas semanas corrieran rumores en el colectivo de que Europa volvía a insistir en la exigencia de que España tomara medidas de una vez por todas en cuanto a la liberalización de los servicios profesionales. Los procuradores se jugaban mucho con esta cuestión, ya que la desaparición de la incompatibilidad entre abogados y procuradores se traducía, en la práctica, en una posible desaparición de la profesión.

Diálogo con los colectivos

Catalá también ha puesto tres ejemplos de diálogo efectivo del Ministerio con los diferentes colectivos: la derogación de las tasas judiciales para las personas físicas, algo que, según ha reconocido "era un clamor"; el respeto a la continuidad del actual modelo colegial con la retirada del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, y el mantenimiento de la actual demarcación y planta judicial.

Además, ha halagado la labor de los procuradores señalando que son "una pieza fundamental en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica" y ha destacado que son "cooperadores necesarios" para implantar la Justicia digital en España.

En esta línea, el ministro de Justicia ha subrayado su compromiso de poner a disposición de los procuradores herramientas eficaces para avanzar en la digitalización de la Justicia y ha avanzado que a partir del próximo 15 de junio será posible el envío a través de Lexnet de mensajes de hasta 10 megas de tamaño, superando los 6 megas que permite actualmente el sistema.

Finalmente, ha señalado que el aumento del protagonismo de los procuradores incluido en la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la ampliación de sus funciones procesales y la atribución de capacidad para certificar, mejora las opciones con las que cuenta el ciudadano, ya que podrá elegir entre los funcionarios al servicio de la Administración o los procuradores para realizar las notificaciones del litigio.

Fuente: http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/05/22/555f70b522601da65d8b459a.html