Al servicio de la sociedad

J. HERNÁNDEZ 01.03.2015 | 10:14

">Al servicio de la sociedad
Al servicio de la sociedad ISABEL RAMÓN
 
 Claves en la provincia
 

Los profesionales están preocupados por el anteproyecto de ley, que reduce los oficios de colegiación obligatoria, y por el intrusismo.

«Los colegios profesionales no costamos un euro al erario público, y en cambio damos servicios, que incluso pagamos de nuestros fondos, a los ciudadanos, que a menudo se dirigen a nosotros. Es decir, vertebramos la sociedad. La ley que prepara el Gobierno plantea que el ciudadano debe ir a la justicia o a las organizaciones de consumidores», dijo Fernando Candela, decano del Colegio de Abogados de Alicante a la hora de exponer su punto de vista sobre la nueva regulación de los colegios profesionales que propone el Ministerio de Economía en la jornada de trabajo organizada por INFORMACIÓN y SabadellCAM.

La preocupación de Candela, presidente de la Unión Profesional que aglutina a 38 colegios en la provincia, fue compartida por los representantes de los demás colectivos que participaron. Coincidieron también en que la futura ley de servicios profesionales, cuyo anteproyecto fue aprobado hace un año por el Gobierno, es un «atentado» a los colegios profesionales, dijo Candela, que recordó las palabras de Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución y miembro del Consejo de Estado, quien afirmó que a los colegios profesionales sólo les va a quedar el nombre.

«Desaparecerán en su mayoría y en los que quedemos se perderá su función social», avisó el decano. «Todas las uniones profesionales hemos tenido siempre en el punto de mira la defensa de los ciudadanos. Existe preocupación por los de inscripción voluntaria, que se podrían convertir en asociaciones, pero que desaparecerían como colegios profesionales», aseguró.

Más controlados
En su intervención inicial, el presidente del Colegio de Economistas, Francisco Menargues, dijo que la Administración pretende controlar a los profesionales. «Ya que somos colegio económico, entendemos que el objetivo con el que se quiere promulgar tampoco se va a cumplir. No creemos que se vaya a incrementar la competencia de servicios ni la productividad, como ellos comentan». Menargues considera que lo más grave es que afectará a los derechos de los ciudadanos, que «se restringen amparándose en ciertos beneficios económicos dudosos». Por ello, opinó que lo adecuado es una ley de mínimos que permita a los colegios autorregularse.

De momento, tendrán que esperar para conocer el desenlace, porque ahora parece haber quedado congelado este anteproyecto del Ministerio de Economía y Competitividad, que cuenta con el dictamen contrario del Consejo de Estado y con la oposición de los colegios profesionales. De hecho, colectivos alicantinos como los abogados y los expertos en medio ambiente han presentado alegaciones. Más positivo se mostró Eliseo Mogica, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, que opinó que se trata de un brindis al sol de cara a Europa, y que el anteproyecto no ha venido mal en el sentido de que «ha movido» la silla de los colegios. «Alguno necesitaba un cachete así para reaccionar, pero no temo por la existencia y el futuro. Llamándonos colegios o de otra manera, seguiremos estando».

Precisamente por «los nuevos aires» que llegan desde los países vecinos, explicaron que De Guindos ha aplazado la aprobación de la ley, que no saldrá adelante esta legislatura pese a que hace tan sólo un mes y medio se dijo que estaba totalmente terminada, lo que despista a representantes como el presidente del Colegio de Arquitectos, Antonio Maciá. Según recoge la exposición de motivos del anteproyecto, que ha sufrido varios cambios, el sector de los servicios profesionales en España genera cerca del 9% del PIB, el 6% del total del empleo y el 30% del empleo universitario.

Cuentas y cuotas
Los puntos más polémicos del anteproyecto son la reducción de los oficios de colegiación obligatoria de 80 a 38; y la rebaja de cuotas a 20 euros mensuales, con un techo de 240 euros al año. Demasiadas obligaciones. El presidente de la Unión Profesional dijo que no se trata de no dar cuentas, que las dan en el caso de los fondos públicos para el turno de oficio, en el caso del Colegio de Abogados, por ejemplo, fiscalizados con una auditoría de la Generalitat. «De lo que se hace con las cuotas se informa a los colegiados porque son fondos privados. ¿Por qué dar cuenta a la Administración? Tampoco tendríamos inconveniente, pero ese interés por controlar es excesivo».

La mayoría de representantes de los colegiados alicantinos hablaron de «intervencionismo brutal del Estado en el funcionamiento de los colegios». «Es un control absoluto. Como defendemos a los colegiados y a los ciudadanos, nos convertimos en órganos-protesta incómodos para la Administración, que nos impone obligaciones de todo tipo. Se rebajan a 20 euros las cuotas mensuales y nos van a dejar sólo para cumplir con los servicios obligatorios de administración y funcionamiento de los colegios. Supondría la muerte de los más pequeños. Si no pueden generar ingresos, la mayoría se tendría que unir para subsistir, o quedarse en la mínima osamenta», dijo Candela.

Los ponentes defendieron la colegiación obligatoria, al entender que los colegios de inscripción voluntaria dejarán de tener control sobre su profesión. Sólo el Colegio de Ambientólogos, de reciente fundación dado que la titulación de Ciencias Ambientales en España sólo tiene 20 años, no ve tan importante la obligación de la colegiación. «Nos da un poco lo mismo. No me gusta de la ley la parte de los recursos económicos, que te controlen la financiación con el límite de cuotas», dijo su presidente, Pablo Martínez, quien cree que la Administración debería aprovechar más la delegación de funciones en los colegios para servir al ciudadano. La colegiación obligatoria es básica para el Colegio de Economistas, que sólo exime de ese requisito auditorías y cuestiones concursales.daño a la

Daño a la arquitectura
Especialmente preocupado se mostró el presidente del Colegio de Arquitectos por el anteproyecto, que calificó de dañino para la arquitectura, ya que afecta a este ámbito en la parte de los servicios profesionales, como visados y otros. «Es criticable que la Administración intervenga en la actuación de los colegios porque ata de pies y manos la acción social». En este sentido, considera que, con el argumento del aumento de competitividad, el Gobierno plantea las bases para una competencia feroz entre los profesionales.

«Esto llevará en consonancia una bajada en la calidad de los servicios relacionados con la arquitectura, y repercutirá en la sociedad, que podría acabar teniendo unos servicios de mucha menor calidad. Es casi una falta de respeto y demuestra un desconocimiento que asusta sobre algo con tanto valor y reconocido en todo el mundo como es la arquitectura española. La devalúa a un simple proceso de construcción», afirmó.

La universidad
Esta situación preocupa a la Universidad de Alicante por su estrecha relación con los colegios profesionales porque muchos de los titulados universitarios se colegian para el ejercicio de su profesión. Pese a todo, la vicerrectora de Estudios y Planificación, Cecilia Gómez, se mostró positiva dado que el anteproyecto cuenta con el dictamen negativo del Consejo de Estado. «Los colegios profesionales no van a desaparecer. Son necesarios porque a la sociedad le dan un valor extra respecto al trabajo de los colegiados, y ellos sienten que son importantes porque se verifica que su trabajo se hace de forma adecuada, como es el caso de los ingenieros y los arquitectos que visan proyectos». En cuanto a los colegios de cualificación obligatoria, temen que se restrinja su autonomía y que repercuta en sus relaciones.

Deontología...
Para los representantes de los colegios profesionales, es injusto que la Administración entre a controlarles porque pueda tener dudas de la honorabilidad de las juntas de gobierno. En este punto, recordaron que una de sus funciones primordiales es el control deontológico de los profesionales colegiados, lo que beneficia a los ciudadanos que solicitan sus servicios. «Eso no lo hace un club ni una asociación, precisamente muchos colegios quieren que la inscripción sea obligatoria para evitar el intrusismo. En el Colegio de Abogados no hemos recibido aún una sola queja en este sentido. Los tribunales son más blandos que nosotros. Estamos recopilando las sentencias que revocan o reducen las sanciones que interponemos a colegiados, para que vean que no tienen por qué dudar», explicó Candela. «Porque para los colegios profesionales, la deontología es su principal razón de ser».

La futura ley, explicaron, habla de un código deontológico por profesión a nivel de Estado, lo que chocaría con los autonómicos y los particulares, como el de la abogacía. «Y vacía de contenido el control deontológico, porque las relaciones entre profesionales y ciudadanos se regirán por la normativa de consumidores y usuarios». Un punto criticado por el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Alicante porque el 95% de los asuntos tendrían que verse en organizaciones de consumidores o tribunales, y sólo un 5% quedarían para el control deontológico de los colegios. «Este grave atentado se mantiene en el anteproyecto».

En su lucha contra el intrusismo, los colegios persiguen que quienes representen a una profesión lo hagan con independencia y que estén correctamente formados. «Con ello se asegura que servicios vitales como la defensa de la salud, del patrimonio o la defensa jurídica sean prestados por profesionales cualificados. Para conseguirlo hay que establecer controles y ahí intervienen los colegios. Lo importante no es ser un lobby contra la ley, lo importante es la defensa de los derechos de los ciudadanos», insistió el representante de los Economistas.

El debate se encendió cuando el subdirector de INFORMACIÓN Fernando Ramón preguntó si el intrusismo se puede combatir sólo con la colegiación obligatoria. Los ponentes alertaron de que la futura ley equipara a los licenciados en Derecho con los abogados, o a los licenciados en Economía con los economistas. «Ahora sólo lo son si se colegian, y eso favorece el intrusismo. La presencia en el mercado de personas no sujetas a un seguro de responsabilidad civil, a una norma deontológica o a un control colegial crearían distorsión y confusión».

Maciá terció diciendo que sería catastrófico para la arquitectura que el colegio profesional no pudiera controlar el intrusismo. «No todo el mundo puede hacer de todo, pero esa nueva ley da a entender lo contrario. ¿Y la titulación universitaria, para qué sirve?, se preguntó. «El intrusismo hace que la profesión se devalúe y la sociedad salga perjudicada».

El representante de los administradores de fincas apuntó que se quiere engañar a la sociedad con una ley que nace equivocada. «Dice el Gobierno que mejora el ejercicio profesional y el servicio al ciudadano. No es cierto, porque la competencia la da el mercado. No se mejora nada, los colegios profesionales no son un inconveniente a la competencia. En lugar de apostar por el servicio cualificado, la ley abre el campo y todo el mundo puede hacer de todo».

En esta situación, los colegios profesionales tienen en la banca un apoyo. Al menos en SabadellCAM. «Son un perfil de cliente que cuadra perfectamente con nuestra manera de entender este negocio. Tenemos una cifra adecuada pero hay margen para crecer», dijo Juan Merino, director regional de la entidad en Alicante.

José Manuel Martos, director de colectivos profesionales en Alicante, precisó que en la provincia tienen suscritos 30 convenios con 35.000 colegiados, lo que supone una cuota de mercado del 60%. Martos considera que la Universidad tiene un papel importante a la hora de trasladar a la sociedad el valor de los colegios.

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