Los 110 administradores de fincas se oponen a liberalizar su negocio

 
En la provincia de Burgos operan unos 110 administradores de fincas colegiados, que prestan sus servicios a en torno el 85% y el 90%  de las comunidades de propietarios de vivienda. Desde el Colegio de Burgos y Soria se asegura que su actividad no ha caído en los últimos años, pero sí ha sufrido un frenazo en su crecimiento debido a la crisis de la construcción y del mercado de la vivienda. A diferencia de otros territorios, el intrusismo de profesionales o empresas no colegiados «es francamente minoritario» y, hasta la fecha, cuando se ha detectado, se ha intentado regularizar su situación.
Los nubarrones a este escenario aparentemente tranquilo vienen desde la Unión Europea y su afán por liberalizar los colegios profesionales. Recientemente, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)cuestionando los futuros estatutos que regirán este colectivo «insta» a eliminar la colegiación obligatoria, la necesidad de un título universitario y a abrir estos servicios a otros profesionales y a una economía más eficiente. 
«De hacerse así, desaparecerán las mínimas garantías del ciudadano y consumidor que hoy día le ofrece el hecho de poder contar con un profesional colegiado altamente cualificado y amparado bajo una serie de garantías y seguros que posiblemente no puedan ofrecer personas o empresas que queden fuera de la organización», responde el presidente del Colegio, Sergio Javier Carrasco, que recuerda que la liberalización de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) en los 90, «generó la entrada al ejercicio profesional de cualquier persona sin la más mínima cualificación en algún caso, que generó más problemas que soluciones». 
«Yo siempre pongo el ejemplo -añade- del que al estar enfermo acude al médico titulado o al curandero o al chamán de la tribu. Él sabrá qué es lo que busca, si una solución a su problema o el sistema ‘más barato’, que es al final a lo que se tiende con todas estas medidas liberalizadoras en contra de una mínima calidad de servicio». 
De hecho, las principales quejas que tramita el Colegio son, además de los «eternos» conflictos entre vecinos, la aparición de intrusos y sus malas prácticas.
La postura de la CNMC demuestra, a juicio del representante de este colectivo, que «quizá los poderes públicos no se están dando cuenta que los administradores de fincas están velando por el bien más preciado que por lo general tiene una persona en la vida, su vivienda». «No nos engañemos, la liberalización va a implicar una depreciación clara del servicio de aquellos que ejerzan sin la mínima cualificación profesional, independientemente de los precios más o menos competitivos que ello genere». A este respecto, aclara que no trabajan con un baremo de honorarios o tarifas de servicios, «siendo éstos totalmente libres en el mercado».
A este respecto, recuerda los casos de quienes han ejercido una profesión regulada sin ser colegiado (odontólogos «baratos» no colegiados, administradores no colegiados, falsos arquitectos, etc.) y, por ello, no tener la debida cualificación, y las consecuencias de dicho «defectuoso ejercicio» para los consumidores.
 
Fuente: 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+
© UPA - Unión Profesional de Alicante
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para mejorar la navegación.+info